EL PUEBLO SERÁ JUEZ

Karen Ness

 

 

 

Sumario.  Introducción. Parte I: La historia del jurado en el mundo occidental; El jurado en la Grecia; El jurado en la República romana, procedimientos penales; El jurado en Inglaterra, la Carta Magna, la Cámara de la Estrella, El caso Bushel –Habeas corpus, libertad de religión y el fortalecimiento del jurado, nulificación juratorial o la anulación de las leyes por medio de precedentes judiciales, el caso de Leveller John Liburne; la Revolución gloriosa, el caso Zenger y la libertad de prensa, la ley de difamación; el jurado en Estados Unidos de América, la historia del jurado en los Estados Unidos de América, el jurado y el movimiento abolicionista, la nulificación juratorial y la Corte Suprema de los Estados Unidos, el jurado en los Estados Unidos a finales del siglo XX. Notas bibliográficas. Bibliografía

 

No seguirás a los muchos para hacer el mal: ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. - Exodo 23:2

 

INTRODUCCION

Se da por sentado que para que una sociedad prospere se necesita un equilibrio entre el orden y la libertad.  Se necesita suficiente orden para que valga la pena vivir en sociedad, con la protección y otros beneficios que ofrece un grupo social humano.  Pero también se necesita suficiente libertad para poder realizar nuestro potencial individual como seres humanos, para poder tener un orden social más satisfactorio que el de una colmena o un hormiguero.  Necesitamos esa libertad que nos permita desarrollar la creatividad que es nuestra semejanza a Dios, como poetas, arquitectos, ingenieros, juristas, escultores, científicos, en fin, artistas en el ramo que más nos interesa y para el cual estamos mejor dotados.

Como sabrán los que están familiarizados con el trabajo de Abraham Maslow, no todos estamos en la misma etapa de desarrollo humano que sería necesaria para poder trabajar hacia nuestra realización en un sistema completamente libre, en la anarquía pacífica.  La coacción es necesaria para disuadir a los que, por ignorancia o por alguna anormalidad, anulan los derechos de los demás, mientras alcanzan la madurez necesaria para aprender a cooperar voluntariamente y en paz.  Hay estudios que demuestran que el castigo rápido y seguro, no muy leve, es un elemento disuasivo en el comportamiento humano.[1]  Para eso es el gobierno.[i]  Desafortunadamente, si el gobierno es fuerte y no tiene límites, tenderá a negar los derechos que estaba destinado a proteger.  No sólo eso, sus integrantes tenderán a definir qué es un derecho y qué no, para beneficio propio, utilizando el monopolio de la fuerza. 

El modelo utilizado aquí para explicar la dinámica del gobierno y del jurado como límite a su poder, es una combinación de las teorías, principalmente, de sistemas, de la maximización de beneficios de Ludwig von Mises, de la opción pública, y de la jerarquía de necesidades de Maslow.  La teoría de la libertad de Hayek es parte de lo que se da por sentado en este trabajo.  Aunque no los haya citado, Popper, Locke, Rousseau, Kemeny y otros me han ayudado a llegar a las conclusiones que están al final de éste trabajo.  En especial, un radical de nombre Lysander Spooner, an abolitionist and a scholar. 

Seguramente, mi fe en el ser humano común parecerá tan ingenua como la fe que tuvo Rousseau en el legislador, Maquiavelo en el Príncipe, Hobbes en el Leviatán, y, me atrevo a decirlo, Hayek en el juez.  Pero no es tanto en el ser humano común en el que tengo fe, sino en la capacidad de todo ser humano no comprometido con sus intereses inmediatos de hacer decisiones convenientes para todos al largo plazo, porque los intereses de un individuo a largo plazo están necesariamente ligados a los intereses de la comunidad a largo plazo, y vice versa.   

Como se señalará en el transcurso de este trabajo, los miembros de un gobierno tenderán a formar sistemas que, sin un límite concreto, explotarán a los que quedan excluídos.  Por otra parte, la calidad temporal de los miembros del jurado evita que se den las condiciones necesarias para que ellos se beneficien de los acusados o del pueblo a expensas del bien común.  Se mostrará cómo, en las condiciones aísladas de un juicio, el jurado implícitamente tiene en cuenta el bien común y los derechos individuales, el orden y la libertad.  Se mostrará que una Constitución escrita no es un límite concreto y que puede ser violada impunemente por el mismo gobierno destinado a aplicarla.  Se explicará por qué el crear nuevas instituciones con miembros permanentes no dará el resultado deseado de limitar al gobierno.

Se aportará evidencia a la hipótesis de que la institución del jurado, en diferentes civilizaciones, ha sido el instrumento más efectivo para limitar los poderes y jurisdicción del gobierno.  El propósito de éste trabajo, además de contribuir al conocimiento de la historia del jurado en las distintas tradiciones, es presentar evidencia que apoye el juicio de que el poder ser juzgado por nuestros pares, nuestros conciudadanos, libres de presión gubernamental, y con el poder reconocido de evitar la aplicación de una ley injusta, es un derecho.  Un derecho no sólo norteamericano, inglés, romano, o griego, sino un derecho universal, fundamental, sobre el cual descansan todos los demás derechos.  Si éste no fuera un derecho, los demás derechos no tendrían fuerza alguna, aparte de lo que los integrantes del gobierno, los legisladores, el ejecutivo y los jueces consideren apropiado o conveniente.   

La función del jurado, como parte del sistema judicial, consiste en proteger al acusado de aquellas leyes predeterminadas y conocidas pero injustas que violan sus derechos, poniendo en peligro su vida, libertad o propiedad, al mismo tiempo que apoya el castigo de aquellos que son un verdadero peligro para la comunidad.  Presentaré suficiente evidencia para convencer al lector que los peligros de un sistema judicial que no sea limitado por un jurado son reales.  El hecho de que el juez conozca la redacción de la ley bajo la cual un acusado ha sido arrestado, el significado legal de cada término, su historia, sus precedentes, en que año fue promulgada, etc., etc., etc., no lo hace más justo ni más interesado en el bien común, mientras que es bastante más probable que el jurado, por su naturaleza y circunstancias, sí lo será. 

Presentaré suficiente evidencia para poder llegar a la conclusión de que la institución del jurado mantiene ese equilibrio tan delicado entre el orden y la libertad, orden que tanto necesitamos para poder alcanzar nuestro máximo potencial, como individuos y como sociedad. 

 

 

 

PARTE I

LA HISTORIA DEL JURADO EN EL MUNDO OCCIDENTAL

 

En algún texto sobre la historia del jurado inglés recuerdo que decía que una institución parecida es común a muchos pueblos en sus etapas primitivas.  Investigando el tema me he dado cuenta que el jurado no sólo es común denominador en algunos pueblos primitivos sino también un factor preponderante en pueblos que se han convertido en grandes civilizaciones.  Podría decirse que es una de las pocas cosas que tienen en común las grandes civilizaciones de Occidente, tales como Grecia, Roma, Inglaterra y Estados Unidos. 

Quiero que se entienda desde el principio que poner énfasis en el número de personas que constituyen un jurado no es la parte más importante de esta tesis, aunque ello incide en su efectividad, sino el hecho de que los juzgadores son civiles, ciudadanos sin relaciones específicas con las personas que constituyen el gobierno.  Por falta de una designación más clara he usado el término jurado, aunque la característica que estoy tratando de destacar, la de juzgador civil, le es común al unus judex romano que juzgaba un caso él solo.  El número ideal de juzgadores civiles se tratará brevemente en la parte teórica de este trabajo.

Otra parte que creo necesario destacar es que el jurado no es un escudo para proteger a los jueces de amenazas y sobornos, no son un instrumento para hacer la voluntad del juez o del gobierno.  Implícito en la historia del jurado está su papel como fiscalizador de la legislación y de su aplicación.  El jurado es la protección entre los individuos que han violado la legislación y el enorme poder coactivo del gobierno.  La historia del jurado ha sido una lucha entre la idea de que los juradores[ii], quienes en su totalidad son el pueblo, son la salvaguardia de sus derechos ante el gobierno, y la idea que el jurado no tiene el derecho de hacer más que verificar la verdad de los hechos imputados en contra de alguien acusado de violar la legislación vigente. 

 

EL JURADO EN LA GRECIA ANTIGUA

 

La democracia ateniense existió conjuntamente con una de las civilizaciones más exaltadas en la historia de Occidente.  La ciencia y las artes florecieron en Atenas a la par de sus instituciones democráticas y pudieron desarrollarse gracias a éstas, pues eran los garantes de la libertad necesaria para poder avanzar en ambos campos.  Desafortunadamente, no era una civilización muy estable, pues estaban constantemente en pugna dos corrientes que persisten hasta nuestros días.  Los sistemas que propugnaban las dos corrientes fácilmente podían decaer o ser abusadas en beneficio propio y a costa de minorías o la mayoría de los miembros de la sociedad.  Por un lado estaban los que creían en monarquías o aristocracias.  Los “mejores” deben gobernar.  Por el otro estaban los que creían en la democracia, que el polis era cosa de todos (es decir, de todos los hombres libres).  

En el Protágoras de Platón encontramos a dos de estos antagonistas.  A favor de la democracia está el filósofo Protágoras, mientras que Sócrates aboga por los reyes filósofos.  Sócrates pregunta a Protágoras: ¿se pueden enseñar o no las virtudes ciudadanas? es decir, las cualidades que hacen la civilización posible.  Protagoras, después de darle la opción a Sócrates entre un argumento razonado y un mito, le responde en forma de mito, o sea con una analogía. 

Habla Protagoras sobre la creación de los animales, y cómo Epimeteo, uno de los dioses menores, encargado de equiparlos y distribuir entre ellos varias cualidades que les ayudarían a sobrevivir, llegó de último al ser humano.  Sin nada más que darle, pues ya había repartido todas las mejores cualidades entre los demás animales, dejó al hombre desnudo e indefenso.  Prometeo, encargado de inspeccionar su trabajo, vió el problema y lo solucionó robándoles algunas de sus cualidades y prerrogativas a los dioses,  y se las dio al ser humano.  Estaba éste entonces equipado con la sabiduría necesaria para sobrevivir; pero, siguió Protagoras:

…la humanidad estaba dispersa y no habían ciudades… la consecuencia fue que eran destruídos por bestias salvajes, pues eran totalmente débiles en comparación, y su arte era sólo suficiente para proveerlos de los medios de vida, y no los capacitaba para hacerle guerra a los animales: comida tenían, pero aún no el arte de gobierno, del cual la guerra es parte.  Después de un tiempo, el deseo de auto-preservación los unió en ciudades; pero cuando estaban unidos, sin el arte de gobernar, se trataban mal entre sí, y se encontraban otra vez en camino a la dispersión y destrucción.  Zeus temía que la raza completa sería exterminada, así fue que les mandó a Hermes, quien les llevó aidos y dike para que fueran los principios ordenadores de las ciudades y los lazos de amistad y conciliación.[iii] [2]

 

(Aidos se traduce en algunos casos como reverencia[3], en otros como respeto, vergüenza, cuidado por la buena opinión de otros,[4] en términos contemporáneos equivale a lo que el famoso psicólogo del siglo XX, Abraham Maslow, llamaba las necesidades afectivas, entre las cuales se encuentran la necesidad de ser aceptados, de amar y ser amados, las de autoestima, de sentirnos competentes y de ganar la aprobación de nuestros prójimos.  I.F. Stone, en su libro, The Trial of Sócrates, traduce la palabra griega dike como respeto por los derechos de otros, implicando un sentido de justicia, que hace posible la paz cívica por medio de adjudicación.[5]  En términos más explícitos, es la capacidad del ser humano de ponerse, por medio de la imaginación, en el lugar de otro, considerando los dos lugares, el propio y el ajeno, al mismo tiempo, viendo el corto y el largo plazo, encontrando un equilibrio entre las condiciones propias en el presente y el hecho que uno podría facilmente estar en la situación del otro en el futuro, viendo la ventaja de ser magnánimo con el ajeno, haciendo hincapié en la reciprocidad. 

Hermes le preguntó a Zeus como debería de repartir dike y aidos entre los hombres: —¿Debería distribuirlos como estaban las artes distribuidas; o sea, a unos pocos selectos, un individuo talentoso teniendo lo suficiente de medicina o de cuaquier otro arte para muchos sin ese talento?  ‘¿Debe ser ésta la forma en que tengo que distruibuir dike y aidos entre los hombres, o debiera darselos a todos?’  ‘A todos,’ dice Zeus; ‘Me gustaría que todos tuvieran una parte; pues la ciudad no puede existir, si únicamente unos pocos comparten las virtudes, como en las artes.’[6]

 

La respuesta, entonces, a la pregunta ¿pueden enseñarse las virtudes?, la responde Protágoras en el sentido que son innatas a todos los seres humanos.  Esto es lo que I.F. Stone llama la ideología de Atenas.  Argumenta que la decisión de darle a todos los ciudadanos griegos voz y voto no descansaba sobre la suposición de que eran expertos en política, como argumentaba Platón que era necesario, y como siguen argumentando muchos en contra de la democracia, sino se basaba sobre las proposiciones presentadas por Protágoras y más tarde por Aristóteles.  La primera es que “no puede haber una comunidad o ciudad al menos que todos, hablando en general, tengan un conocimiento módico de virtud cívica, ese respeto por la opinión pública y el sentido de justicia, las cuales hacen posible vivir juntos.  La segunda es que lleva a la estabilidad social si los ciudadanos sienten que tienen algo de voz en determinar las cuestiones que afectan sus vidas y su bienestar.”[7]

La democracia ateniense tuvo sus inicios en el sexto siglo antes de Cristo, con la reestructuración de la constitución por Solón.  Después del fracaso de la constitución Draconiana y una revolución entre el pueblo y la clase oligárquica, Solón fue elegido por consentimiento de los dos partidos para re-construir la constitución ateniense.[8]  La mayoría del pueblo esperaba que Solón hiciera una redistribución completa de toda la propiedad, mientras que los oligarcas esperaban que restaurara todo a su posición previa, al menos, con pocos cambios; pero Solón se resistió a los dos sectores.[9]  Dividió al pueblo griego en cuatro clases, las primeras tres: propietarios, la última, los Thetes, el equivalente de lo que los romanos más tarde llamarían el proletariado.  A las primeras clases les dió puestos como oficiales en el gobierno según la proporción del valor de su propiedad.  “A los que tenían rango de Thetes les dio nada más que un lugar en la asamblea y en los jurados.”[10] 

Aunque a primera vista esta modificación pareciera injusta para algunos en relación a los Thetes, es importante notar que el poder de los Thetes no era despreciable, pues eran la mayoría; y el voto en la asamblea y en el jurado, donde se hacían las leyes primeramente y las decisiones finales acerca de la aplicación de la ley en la segunda, era por mayoría simple.  Podían entonces vetar legislación o la aplicación de la ley en casos donde no les convenía.  No sólo eso, según Aristóteles, “algunas personas, de hecho, creen que Solón deliberadamente hacía las leyes indefinidas, para que así la decisión final pudiera estar en manos del pueblo.” El mismo Aristóteles no cree que esta proposición sea muy probable, aduciendo que la verdadera razón era que es imposible alcanzar la perfección cuando se promulga una ley en términos generales.[11]  El hecho es que con ese poder lograron defenderse de la oligarquía y democratizar más aún el Estado.  No podía hacerse una ley que perjudicase a la mayoría. 

La debilidad principal de la constitución ateniense radicaba en que no había protección efectiva para las minorías.  El caso de Sócrates es uno de los más famosos en la historia.  La mayoría decidió el destino de Sócrates, 281 a 220.  Pero no fue la decisión unánime de los representantes del pueblo ateniense; es preciso señalar aquí que el fallo hubiera sido otro con un jurado del common law[iv] inglés, cuyas características incluyen la unanimidad para poder dar un fallo de culpabilidad o inocencia.  (Por supuesto que la unanimidad era una imposibilidad en el tipo de jurado que tenían los atenienses, su defecto siendo perfectamente explicado por Buchanan & Tullock en los capítulos sobre La Teoría General de Constituciones, la Regla de la Unanimidad y Costos de Decisión, aunque aplicado a otras situaciones.[12])

El procedimiento judicial que conoció Aristóteles fue el siguiente: para poder optar a ser dikaste, se necesitaban derechos plenos de ciudadanía, tener por lo menos 30 años y no deberle nada al Estado.[13]  Los dikaste, los individuos que formaban parte del jurado ateniense, eran electos al azar por el arcón de su tribu, cada uno de los arcones de las nueve tribus contribuyendo a la formación del dikastai.  Existían mecanismos por los cuales se aseguraba que nadie pudiera escoger los dikaste que quisiera para su propio juicio.[14]

Para casos normales, las cortes contenían dikastai de 500 ciudadanos.  Para los casos capitales, aquellos que implicaban encarcelamiento, muerte, exilio, perdida de derechos civiles, o confiscación de bienes, se hacía el juicio ante 1,000 o 1,500 dikaste.  No es difícil ver por qué la regla de unanimidad no sería realista en este tipo de juicio. 

Relojes de agua, siendo el galón la unidad de medida, regulaban el tiempo de los juicios, ninguno de los cuales excedían unas horas o en casos capitales, un día.[15]   Los votos se hacían con bolas de bronze.  En el caso que describe Aristóteles, la bola agujereada para el demandante y la bola sólida para el acusado o demandado.  El que tenía la mayoría era el victorioso, pero si los votos eran iguales, el fallo era a favor del acusado. 

Es patente que el sistema ateniense contenía en sí las semillas de su propia destrucción, pues permitía que permanecieran grandes sectores de la población insatisfechas con los resultados de un juicio o una ley, provocando la inestabilidad e incertidumbre tan típicas de los estados griegos y tan despreciadas por Platón, quien añoraba el orden y la estabilidad por sobre todas las cosas y quien pensaba que un rey filósofo con poder absoluto podría proveerlos.

 

EL JURADO EN LA REPUBLICA ROMANA

 

A principios del apogeo griego, circa 460 a.C., los romanos mandaron una delegación de tres hombres a Atenas con órdenes de hacer una copia de las famosas leyes de Solón e investigar las instituciones, costumbres y leyes de éste y otros estados griegos.  Sus nombres eran Spurius Postumius Albus, A. Manlius, y P. Sulpicius Camerinus.[16]  Al regresar en 452 a.C. formaron parte de lo que se conoció como el decemvirato, decemviri legibus scribundis, el grupo de magistrados patricios encargados del proyecto de poner por escrito las leyes romanas, que más tarde se conocerían como las doce tablas.[17]  Si fue por influencia de los griegos o, como dice un autor en la Encyclopaedia Británica en un artículo sobre el jurado británico, que el jurado es una institución común a muchos pueblos primitivos,[18] no se sabe.  Lo cierto es que, desde principios de la república y en la mayoría de casos civiles hasta finales del imperio, habían tribunales con las características del jurado, los jueces romanos siendo civiles, laicos y no profesionales.  Los juicios capitales se hacían ante jurados de cientos o miles de personas en los comicios o centurias, igual que en los juicios griegos.

Habían tres sistemas que, a lo largo de la historia de Roma, regulaban las relaciones judiciales entre los ciudadanos y el poder coercitivo del gobierno:  las acciones de la ley, el sistema formular y el procedimiento extraordinario.  Los tres tenían como función proteger intereses o derechos; los intereses de quién protegían dependía del sistema.  

El primero, las acciones de la ley, legis actiones, hacía valer principalmente los derechos de los patricios romanos, protegiendo sus intereses en contra de plebeyos y extranjeros.  Era un sistema basado en el monopolio del conocimiento; en particular, conocimiento que sólo tenían las antiguas gentes romanas, conocimiento de rituales, días fastos, y actos revestidos de palabras sacramentales por las cuales la maquinaria de la administración de justicia y la protección de derechos se echaba a andar.  Las palabras sacramentales y otras partes integrales de las acciones no eran conocidas al principio más que por los patricios, y la menor desviación de la forma de la acción podía causar la pérdida de un pleito.  Según Gayo, el que dijera viñas (vites) porque pleiteaba sobre viñas, en lugar de decir arbores, el término sacramental, perdería el pleito.[19]  Hasta las XII tablas tenían que ser interpretadas por los patricios, a pesar de que con éstas se había logrado un cambio más equitativo a favor de los plebeyos, por estar las leyes escritas y no únicamente en la conveniente memoria de los patricios.  (La semejanza entre esta etapa de la historia legal de Roma un par de siglos antes de Cristo y la que ha predominado en Guatemala hasta principios del siglo XXI, con su insistencia en las formalidades, el lenguaje y el monopolio del conocimiento legal entre un reducido grupo es demasiado triste y real.)

La primera de las cinco acciones de la ley parece haber sido la manus injectio, en donde los romanos hacían justicia por sí mismos en cuestión de deudas, les daba el derecho de capturar al deudor y castigarlo, venderlo o matarlo.  Esta acción estaba regulada únicamente por la costumbre.  La legis actio per pignoris capionem era esencialmente la misma idea que la manus injectio,  pero en relación a propiedad, en esencia el embargo por un ciudadano de propiedad que le pertenecía a otro en satisfacción de o en garantía de una deuda de este último que no pagó.  Teóricamente había obligación por parte del embargante de solucionar su caso judicialmente despúes del embargo; no podía quedarse con la propiedad hasta solucionarlo en juicio.  La legis actio sacramento y la judicis postulatio parecen haberse introducido para prevenir el abuso de la manus injectio cuando habia lugar a dudas en cuestiones de hecho o derecho.[20]  La legis actio sacramento era un ritual que juntaba tres etapas distintas de procedimiento judicial, apelación a la fuerza de las armas y a la justicia por mano propia, apelación a los dioses y al poder espiritual, y finalmente apelación al magistrado y su posición judicial.  Las partes ponían una suma y los sacerdotes romanos se quedaban con la parte del perdedor después de la decisión del juez.  El caso era decidido por un judex después de treinta días de los procedimientos in jure.  La legis actio per condictionem fue introducida por la ley Silia como medio de recuperar una deuda de dinero.  El judicis postulatio parece haber sido la petición al magistrado para que nombrara un juez o árbitro.[21] 

En la primera etapa del procedimiento de las acciones judiciales, estos estaban in jure, y los deberes del magistrado en relación a estos eran parte de su jurisdictio,  o pronunciación del derecho, en la segunda estaban in judicio, y los que presidían eran los judices.  En la parte in jure, el magistrado dictaba el derecho y resolvía si no había disputa.  Si se iba al procedimiento in judicio los judices juzgaban la cuestión que se les presentaba y emitían un fallo a favor del querellante o del demandado.  Ésta era la costumbre bajo ambos sistemas, legis actiones y formulae y continuó de esta forma en casos sin importancia para el emperador hasta tiempos de Diocleciano.[22]   

El primer paso en el proceso judicial era el in jus vocatio, o proceso para traer al demandado a la corte, esto siendo regulado minuciosamente por la primera de las XII tablas.  El querellante era el responsable de llevar a cabo este paso.  Ante el magistrado, el consul o praetor urbanus (praetor qui inter cives jus dicit), el querellante presentaba su pleito.  Si no lo contradecía o lo admitía el demandado, el magistrado pronunciaba su decreto y el querellante tenía derecho a remediar la situación según lo mandaba la ley.    Si se oponía el demandado a la imputación, el magistrado lo remitía a un tribunal o a uno o más ciudadanos privados como jueces o árbitros, los judices. 

Hasta donde llega la evidencia histórica, sabemos que las acciones eran juzgadas y los fallos pronunciados por judices y arbitri.  Cada caso donde había controversia entre el demandante y el demandado era juzgado por un ciudadano particular, el judice,o unus judex, cuyo cargo terminaba con su fallo, y no estaba sujeto a ningúna series rerum judicatarum.  (No fue hasta el imperio que una series rerum perpetuo similiter judicatarum, o sea una serie uniforme de precedentes se convertía en ley.)[23]  Éste ejercía un oficio público, escogido entre la clase de ciudadanos designados para este efecto por la constitución política.  Nunca había más de un juez, unus o unicus judex, nombrado para juzgar un caso civil, pero podía haber más de un arbitro, y con frecuencia habían tres.  Toda clase de acciones, aun acciones sacramentales in rem, podían ser presentadas ante el unus judex.[24]

El nombramiento por el magistrado de un juez para una causa se llamaba judicis postulatio, y era una  de las acciones de la ley.  El juez, o unus judex, era un ciudadano, no magistrado, confiado con el cuidado de juzgar y fallar sobre una demanda ó un litigio.  Este cargo público no podía ser rechazado por el ciudadano escogido.  Era dado a las partes solamente y para la causa únicamente.  El objeto confiado era un asunto privado sobre posesión u obligaciones.  El magistrado le otorgaba sus poderes para la causa, y prestaba juramento: judices jurare, según Cicerón.  Uno de los principios de este proceso era que nadie podría ser juez sino por elección de ambas partes.  El magistrado podía proponer un juez, pero ellos podían recusar sin tener que explicarse.  Si no se ponían de acuerdo, se decidía por suerte.  El juez podía hacerse acompañar y asistir de asesores y jurisconsultos quienes le daban consejo, pero sólo como medio de ilustrarse, y, durante la república, no estaba obligado a aceptar sus decisiones.[25]  Había un solo juez para cada caso, elegido necesariamente en el orden de senadores patricios al principio, y después de las listas de ciudadanos designados a desempeñar las funciones judiciales. [26]  (A finales de la República, uno de los decretos del dictador Sila fue que los jueces podían ser, otra vez, únicamente senadores. Cuenta Cicerón en su discurso Contra Verres que la opinión generalizada en el pueblo de Roma y hasta en el extranjero era que, en los tribunales compuestos únicamente por senadores, hasta el peor criminal nunca sería declarado culpable mientras tuviera dinero.[27])

Una modificación del primer título de judex era el arbiter, quien también juzgaba acerca de los derechos de posesión y obligaciones.  El magistrado le daba a éste una mayor latitud de apreciación y de decisión.  Según las XII Tablas, el número de árbitros podía llegar hasta tres.  Eran elegidos igual que los jueces.[28]  La integridad de los jueces y árbitros era de suma importancia y la pena de muerte era el castigo para el juez o árbitro que haya recibido dinero por pronunciar una sentencia.[29]

El colegio Centumviral, cuyos orígenes son muy inciertos, era un tribunal permanente cuyos miembros eran electos anualmente.  Al principio fueron elegidos por las tribus en los comicios, más tarde de la lista anual de judices.  Su número, originalmente de 105, llegó a tener hasta 180 en tiempos de Plinio.  Eminentemente quiritario, aunque no totalmente patricio, se reunían bajo un pretor para decidir negocios de Estado, propiedad quiritaria y sus derivados, sucesiones testamentarias y abintestados, las bases de la sociedad aristocrática, sólo se excluían las posesiones y obligaciones.  La única acción de la ley aplicable a su competencia era la del sacramentum.[30]  En el ejercicio de sus cargos los Centumviri actuaban con más independencia de lo que se atrevían los judices privados, introduciendo reformas considerables a la ley.

La próxima etapa de la historia judicial romana se caracteriza por el uso del sistema formular.  Aquí es oportuno mencionar la característica romana de no hacer cambios bruscos en sus instituciones, sino dejar que entraran las innovaciones a la par de las viejas costumbres, y dejar que los usuarios y el tiempo escogiesen entre los dos.  El sistema de legis actiones era primitivo, lento, pesado, inflexible y, al parecer de aquellos que se veian perjudicados gracias a el, sumamente injusto.  Los romanos y el tiempo terminaron por institucionalizar el sistema formular. 

El sistema formular surgió de la necesidad de hacer justicia entre extranjeros con quienes Roma tenía alianza por medio de tratados, dotados de derechos recíprocos de acción, o entre estos extranjeros y los romanos.  El procedimiento se conocía como reciperatio o recuperatio.[31]  El magistrado encargado de la etapa administrativa de uno de estos casos era el praetor peregrinus (praetor qui inter cives et peregrinos jus dicit).  Éste hacía uso del derecho de gentes, jus gentium. 

Parece ser que el magistrado escuchaba lo que las partes en un pleito tenían que decir, y convertía en una fórmula simple los hechos surgidos de éste, autorizando a los recuperatores, a quienes se les remitía el caso, fallar a favor del demandante o demandado, dependiendo de las circunstancias.  Tomando como ejemplo la acción de venta, la fórmula era esencialmente ésta:  “Siendo verificado que el demandado vendió tal y tal cosa al demandante, cualquier cosa, juez, que el demandado debería en buena fe haber hecho o dado al demandante respecto a esto, en el dinero equivalente condene al demandado; en caso contrario absuélvalo.”[32] 

Generalmente eran tres recuperatores por caso, podían haber cinco o más, pero eran siempre un número impar.  Si la nacionalidad de ambas partes tenía que ser representada no se sabe.  Aunque también eran escogidos de listas anuales, los recuperatores también “podían ser escogidos entre todos los ciudadanos, sin distinción, inopinadamente, entre los que se hallaban presentes y que tenía más a mano el magistrado, de manera que pudieran ser designados y constituídos quasi repente aprehensi.[33]  Se les requería que fallaran en menos de diez días, y sólo se permitían diez testigos.  Este proceso se usó en procesos de libertate y llegó a usarse hasta en litigios en donde ambas partes eran ciudadanas; y en las acciones pretorianas ex delicto, se remitía, no a un judex, sino a recuperatores, se cree que por conveniencia en cuestiones de tiempo.

Con la lex Aebutia se se declaró la legalidad de la opción entre el uso de las legis actiones y el uso general del sistema formular, más tarde conocido como formulae u ordinaria judicia.  “En las épocas finales de la República, las acciones de la ley estaban casi enteramente suprimidas, y no se practicaban más que en los casos sometidos a la competencia del colegio Centumviral.”[34]

Procedimientos Penales

Según Ortolan, “lo concerniente a la jurisdicción criminal [sic][v] no se presenta en el derecho romano con un carácter bien definido y bien coordinado desde el principio.”[35]  Las Doce Tablas decían que los grandes comicios, o sea, los comicios por centuria, eran los únicos que tenían el derecho de dictar decisiones capitales sobre un ciudadano, o sea, sobre la pérdida de la vida, de la libertad o de los derechos de un ciudadano.  Las tribus también tenían jurisdicción penal, pero sólo podían imponer el destierro y/o multas, especialmente como represión política.  Juzgar acerca de crímenes capitales estaba reservado para los comicios, pero, obviamente, el tamaño presentaba las mismas limitaciones que presentaba el jurado griego.  Es de suponer que era la mayoría la que decidía en estos casos resultando en la misma inestabilidad política que aquejaba a Grecia.

Pero si los acusados eran extranjeros, esclavos u otros que no eran ciudadanas, o si se trataba de una pena leve, los comicios a menudo delegaban este poder al Senado, que también tenía jurisdicción penal, siempre que la pena no fuese capital, y estos a su vez delegaban a la jurisdicción civil o daban la instrucción y el conocimiento del proceso, quaestio, a comisarios, quaestores, especialmente designados para la causa. 

Este procedimiento al fin fue regularizado por los plebiscitos, y dio origen a lo que se llamaban las quaestiones perpetuae.  Las cuestiones perpetuas fueron objeto de legislación que las reglamentó, definiendo el delito, fijando la pena y estableciendo la organización de una especie de tribunal, al que se delegó para siempre el cognitio de ellas.  Esta delegación era permanente, pero sus miembros eran electos anualmente, siguiendo la norma judicial romana.  Presidía un pretor sin otra jurisdicción especial.[36] 

La sentencia no la dictaban en él jueces permanentes, sino jueces ciudadanos, jueces jurados, designados únicamente para la causa, con el principio diversamente aplicado, pero siempre general, de que debían ser aceptados por las partes.  En el tribunal de las quaestiones perpetuae todo ciudadano podía ser acusador; designaba al acusado, la ley en virtud de la cual se le acusaba, los hechos que le imputaba, prestando juramento que su acusación no era calumniosa.  Llegaba a ser parte en la causa, y estaba obligado a articular prueba; era una amplia organización del sistema acusatorio.  El jurado no podía fallar más que con arreglo a la ley invocada; condenar, o absolver, o declarar que no estaba suficientemente ilustrado (Condemno, Absolvo, Non liquet), sin que la pena establecida en aquella ley pudiese ser modificada.[37] 

 

El número de judices variaba según el delito, entre 20 y 75.  Por regla general, el acusador elegía a los jueces civiles, tomando el doble de lo que se necesitaba para formar la cuestión, mientras que el acusado podía recusar la mitad.  En algunos casos los jueces eran sacados por suerte, y las partes tenían derecho de recusar los que no querían admitir.  Los senadores y los caballeros se disputaban el derecho de ser jueces jurados hasta que al fin el derecho fue generalizado.  El número de los judices inscritos en las listas anuales vaciló entre trescientos y trescientos setenta, en tiempos de Augusto llegó a cerca de cuatro mil.  A finales de la República, los comicios casi nunca conocían casos, ni siquiera los capitales, judicialmente.[38]

La corte decemviral, llamada durante la República Decemviri stlitibus judicandis tenía como función juzgar ciertas acciones, especialmente aquellas relacionadas con la libertad personal.  Algunas autoridades lo relacionan con los decemviri judices mencionados por Livy que fueron declarados tan inviolables como los tribunos de los plebs y que originalmente resolvían casos entre plebeyos.[39]

  El proceso romano durante la República hacía una cosa clave, separaba la parte administrativa y la parte judicial.  En otras palabras, en manos del gobierno estaba la organización de la instancia y la declaración del derecho (jurisdictio), en manos de ciudadanos estaba el examen judicial y el fallo en un caso particular (judicium).  Para ponerlo más claro todavía, se hacía una separación entre la burocracia y la justicia.  Ni los burócratas ni el emperador decidían que era lo justo en ningún caso, en cuestiones de hecho o de derecho.

Esta separación entre el jus y el judicium, entre el magistrado y el juez, parece corresponder, salvas algunas diferencias, a la separación, mucho más difundida en nuestras ideas modernas, entre la decisión del [sic] hecho y la del derecho.  Sin embargo, sería un error creer limitado el oficio del juez a una simple cuestión de hecho.  Debe apreciar los hechos, pero debe apreciarlos jurídicamente, y en esto se halla el derecho más o menos interesado, según la naturaleza del negocio y la extensión de los poderes conferidos por el magistrado... Bajo el primer sistema [legis actiones] existe la distinción; pero en algunos casos tiene lugar la separación, y en otros no.  En el segundo sistema [el formular], la separación es completa, sólo en casos extraordinarios juzga el mismo magistrado.  En el tercer sistema [extraordinaria judicia], lo extraordinario se hace regla común; las dos funciones se hallan reunidas [primero en el derecho público y después en el derecho civil en tiempos de Diocleciano], y sólo se separan por excepción.[40]

 

Yendo más allá todavía, en la opinión de Henry Goudy, Regius Professor of Civil Law de Oxford, durante la República, un judice, o juez laico, tenía mucha más libertad, y tenía no sólo el derecho, sino la obligación de decidir de acuerdo con su  concepto de lo que era justo,[vi] asumiendo el riesgo de las consecuencias si su juicio iba concientemente en contra de la ley.[41]  (Si ésta es una opinión que refleja la realidad romana en tiempos de la República o la realidad inglesa a finales del siglo XIX, es difícil saber.)  El derecho consuetudinario dejó su marca en el derecho romano por medio del judice.  El derecho romano era el resultado de las decisiones de los judices, a veces actuando bajo el consejo profesional de juristas, cuyo consejo no estaba obligado a aceptar hasta el imperio (responsa prudentium), y en algunos casos con el consejo de los pretores. 

Es patente que la libertad dada al judice en el sistema formular, por medio de las formulas como la anteriormente citada,[vii] facilitaría enormemente la introducción de la costumbre en la ley.  El judice era en gran parte el portavoz del forum, su juicio se formaba de acuerdo con la opinión pública prevaleciente, la cual tenía amplia oportunidad de evaluar, era la reflección de ese sentimiento general de justicia que es la verdadera base de la ley consuetudinaria.  En tiempos de la República si el judice aceptaba el consejo de un jurista lo hacía simplemente porque creía que estaba de acuerdo con la opinión pública educada.  Goudy concluye que lo que evolucionó de una serie de juicios consistentes de este tipo fue en sentido estricto ley consuetudinaria.[42]

Cuando el magistrado no remitía al unus judex, al arbiter, a los recuperatores, o al colegio Centumviral algún caso, y él decidía por sí mismo el negocio, se decía que lo conocía extraordinariamente (cognitio extraordinaria o judicium extraordinarium).  No se separaba el jus y el judicium, y prevalecían los intereses de los magistrados o el emperador.  Cuando Augusto fue emperador una de las  funciones que se arrogó fue la de juez.  Cuando le interesaba un caso lo juzgaba él personalmente o lo delegaba al senado con instrucciones precisas.  Sólo cuando un caso era de poca importancia se seguía remitiendo a un judice durante el imperio.  Esto continuó hasta tiempos de Diocleciano.

Según Goudy, el sistema formular, con su remitencia del pretor al judex juramentado que tenía que hacer el juicio, era de mucha ventaja para la ley, pues el juicio era el de un ciudadano libre e independiente, sin ataduras con el oficialismo, recién salido de un centro de negocios, escogido por, y en total simpatía con las partes.  Dicho sistema era incompatible con el gobierno autocrático de Diocleciano y Constantino, y no sorprende que éste primero haya dado instrucciones a los gobernadores de las provincias en el sentido que, al menos que hubiera demasiada carga de trabajo, no remitieran los casos a su cargo, y que los conocieran de principio a final, tal como era la costumbre con las extraordinariae cognitiones.  Y si se remitía, tenía que ser a un judex pedaneus, quien era un sustituto inferior del magistrado, probablemente un colegiado.  Más tarde, por un decreto de los hijos de Constantino, se eliminó el uso de las formulas al hacer la delegación al magistrado inferior, eliminando así la distinción formal entre el procedimiento in jure e in judicium y la distinción práctica entre acciones in jus e in factum. [43] 

Menciono un último hecho en relación al derecho romano, para mostrar hasta donde cayó éste último al quitarle a los ciudadanos el poder de inyectar el derecho consuetudinario en la jurisprudencia romana.  Me refiero a la ley de citas de Valentiniano III en 426 d. C.  Esta ley, para empezar, negó la fuente principal del derecho consuetudinario romano, el laico romano.  Segundo, le dio a jurisprudentes romanos muertos la autoridad de ser casi la única fuente de resolución en una disputa.  Tercero, le dio el mismo peso a todos los jurisprudentes autorizados menos uno llamado Papiniano, a quién se le daba el peso de dos autoridades.  Cualquier conflicto de derecho se resolvía a favor del que tuviera el mayor número de autoridades de su lado.  Si empataban, ganaba el lado que tuviera a Papiniano del suyo.  “Donde las opiniones son iguales, y ninguno con derecho a preferencia, le dejamos al juez la discreción de cual de las dos adoptará.”[44]  No está de más decir que muy probablemente no decidirían en contra de los deseos del emperador.

 

            EL JURADO EN INGLATERRA

 

Existe una conexión entre Inglaterra y Roma que data de tiempos de Julio Cesar, cuando éste conquistó la parte sur de la isla británica.  Cuan profunda fue la huella que dejaron las instituciones romanas en los celtas que ahí se romanizaron es difícil de determinar.  Con la caída del imperio romano y la siguiente barbarización de la región romana en Inglaterra los historiadores dudan que hayan sobrevivido las costumbres y el derecho romanos.  Más se le atribuye a Guillermo el Conquistador y a los normandos, en tiempos del nuevo interés por el derecho romano en Europa, la llegada de instituciones romanas a Inglaterra.  Parece que en tiempos de la ocupación vikinga en el siglo IX:

“ ...todo tribunal de condado o de hundred (centuria, subdivisión del condado) y todo tribunal de jurisdicción privada podía también tener sus propias leyes locales consuetudinarias.  Los daneses se aferraban a las suyas, y la región de Dane law (ley danesa) recibió de aquí su nombre... Los escandinavos, cuando no peleaban como vikingos, eran gente pleiteante y gustaban reunirse en el thing (asamblea pública) para escuchar argumentaciones jurídicas.  No tenían legistas profesionales, pero muchos de sus labradores-guerreros, como Njal, el decidor de verdad, estaban versados en los usos del pueblo y en su intricado procedimiento judicial.  Una ciudad danesa en Inglaterra tenía con frecuencia, como funcionarios principales, doce “hombres de leyes” hereditarios.  Los daneses introdujeron la costumbre de formar comités entre los hombres libres en el tribunal, lo cual tal vez hizo de Inglaterra terreno favorable para el futuro desarrollo del sistema del jurado, tomado de una costumbre franca introducida más tarde por los normandos.”[45] 

 

Según David Hume en su Historia de Inglaterra, antes de la llegada de los normandos, el rey Alfredo había instituído un sistema de justicia que era muy popular y liberal.  Las jurisdicciones estaban divididas en decenarios, o diez familias de hombres libres, quienes ayudaban al borsholder, una especie de jefe de tribu, a decidir en diferencias menores que ocurrían entre los miembros de esta pequeña comunidad.  En asuntos más importantes, apelaciones de un decenario, o en controversias entre decenarios, el caso se llevaba ante un hundred, o centuria, que se componía de diez decenarios y que se juntaba una vez al mes para decidir causas.  “Su método de decisión merece ser notado como el origen de los jurados; una institución, admirable en sí, y la mejor calculada para la preservación de la libertad y la administración de justicia, que alguna vez fue inventada por el ingenio del hombre.”  Doce hombres libres, junto con un magistrado, eran escogidos para el examen de un caso; después de jurar que administrarían justicia imparcial, se sometía el caso a su jurisdicción.[46]

Con los normandos en el siglo XI, entró el derecho romano de nuevo a Inglaterra, evidenciado por los nuevos términos para los consejeros del rey tales como curia,  consilium y la mayoría de términos de orígen latino en la profesión legal.  Incluso la misma palabra jury, jurado, es de orígen latino.  (La palabra original en latino para juryman o juror  era  juratore[47] de la cual he sacado el nombre jurador para designar al miembro de un jurado.) 

Originalmente, el sistema del common law, que incluye al jurado en los procedimientos, fue el producto de una reforma legal de Enrique II, a mediados del siglo XII.  Los nuevos procedimientos judiciales que introdujo cambiarían el futuro de la sociedad y la política inglesas.  Por medio del aumento de poder y jurisdicción que dio a los tribunales del rey y a sus oficiales que iban a los condados, hizo posible el crecimiento del common law inglés, un vernáculo ‘común’ a todo el país, en lugar de los diferentes sistemas de administración en uso en los tribunales de condados y hundreds y en todas las jurisdicciones privadas.[48]

En parte por órdenes del rey, en parte por assizes, decretos del rey promulgados en una assize o sesión de notables, desde Enrique II a Enrique III, los reyes crearon nuevos remedios legales, modos de litigio, y formas de accionar a costa de los tribunales feudales y eclesiásticos.  Enrique II, al ofrecer a los ingleses nuevos métodos de procedimiento en los tribunales del rey por medio de sus assizes, “arrebató de hecho a los tribunales feudales la mayor parte de su jurisdicción respecto a los títulos y la posesión de la tierra.  Con ello puso el escudo de la justicia real sobre los pequeños propietarios de tierras cuyas heredades eran codiciadas por algún vecino feudal.”[49] 

Con tanta influencia del rey y del derecho romano, ¿por qué se desarrolló el derecho inglés, el common law, como sucedió?  ¿por qué no se parecía más al derecho continental?  Porque parece que los normandos en Inglaterra usaron el derecho civil y el canónico como libros de texto en método y en espíritu, pero rechazaron su contenido positivo, con la excepción de algunas grandes máximas.  “El Common Law inglés no fue un código imitado del Código de Justiniano, sino un laberinto de precedentes, casos y decisiones de los distintos tribunales reales, laberinto que tenía que ser desenmarañado con la ayuda de guías que suministraba la profesión legal.”[50]  En Inglaterra, aun el villano, atado al sistema feudal, ayudaba en la formación del common law.  “Claro que era el tribunal de su señor, no el del rey [al principio]; pero al menos era un tribunal abierto, en el que hay motivo para pensar que los villanos compartían con los hombres libres el deber de actuar como jueces o asesores.”[51]  Como intérpretes de la ley consuetudinaria, tenían algo de protección contra las peores de las arbitrariedades de su señor y con el tiempo contribuyeron a la abolición del sistema feudal y a la formación del common law por medio de los jurados. 

El nuevo procedimiento del juicio por jurado fue introducido por la legislación de assize también en tiempos de Enrique II, medio siglo antes de la Carta Magna.  El viejo método anglosajón de juicio por compurgación, donde un hombre probaba su caso con la ayuda de amigos y parientes dispuestos a jurar que creían en su palabra; el ‘juicio de Dios’ por hierro candente, originalmente pagana; el ‘juicio por combate’, preferido por los guerreros normandos, eran métodos que seguramente muchas veces resultaban en un veredicto falso, y a “una sentencia injusta de mutilación o de muerte.”[52]  Enrique II dio los primeros pasos por terminar con estas formas primitivas de juicio cuando convirtió al juicio por jurado en una opción legal.  El nuevo sistema que implementó Enrique fue una opción popular, pues la “crueldad, violencia y opresión eran cosas de todos los días en una sociedad que salía con lentitud de la barbarie, y la real orden al menos proporcionaba a los indefensos ayuda y remedio ocasionales.” [53]

El jurado que estableció era de personas escogidas por ser ellos mismos testigos del hecho; pero aun esto puede considerarse un gran avance, porque hasta entonces los tribunales no tenían la costumbre de pedir testigos de ninguna clase.  Donde el derecho a alguna propiedad de tierras era discutido, la Gran assize de Enrique permitió que se llevara a juicio ante un jurado.  Si así lo elegían las partes, doce vecinos que conocían los hechos daban testimonio ante los jueces del rey qué parte tenía mejor derecho a la tierra.

El jurado de presentación o acusación fue instituído por las assizes de Clarendon y Northampton.  Compuesto de doce hombres juramentados, representaban a cada hundred  y tenían que ‘presentar’ al tribunal a vecinos que habían cometido algún crímen.  Igual que los jurados del Gran assize, los jurados de presentación eran testigos del hecho.  La ‘presentación’ enviaba al culpable de un crímen al “juicio de Dios,” pero aunque éste le fuese favorable tenía que irse del reino.  En 1215 el Concilio Laterano abolió la ordalía, con esto, quedó abierto el camino en Inglaterra para el mayor desarrollo del sistema de jurado. [54]

El common law y el jurado están íntimamente ligados en la historia inglesa.  Pienso que sin el jurado no hubiera common law.  Hayek en sus libros sobre la libertad insiste que el common law es el producto de los fallos de jueces ingleses independientes.  Aunque estoy totalmente de acuerdo con sus conclusiones acerca de la relación entre el common law y la libertad inglesas, niego esa independencia y la capacidad de jueces en general de hacer una serie de juicios que beneficien la libertad común, y afirmo que los precedentes en los fallos dictados por tribunales ingleses, especialmente aquellos que contribuyeron a defender las libertades, o como más tarde se conocerían: los derechos fundamentales, fueron sentados por los hombres libres que integraban el jurado inglés.  En el derecho inglés y americano el juez puede únicamente aconsejar al jurado, y, teóricamente, ha estado en manos del jurado, y de nadie más, dar un fallo de culpabilidad o inocencia, o fallar a favor o en contra de un demandante.

Como toda institución, el jurado inglés y el common law son producto de la evolución.  Y como toda institución humana, los cambios se deben a las leyes de la naturaleza, por un lado, y a la razón, por otro.  Encuentro la analogía con la arquitectura útil para explicar esta evolución.  Así como no se puede dar todo el crédito a un solo hombre por el estado de la arquitectura moderna, porque ha llegado al lugar donde está gracias a miles y millones de seres humanos que han ido conociendo las leyes de la naturaleza y en base a éstas haciendo sus contribuciones, igualmente el common law ha evolucionado hacia un sistema de reglas que garantizan los derechos ciudadanos, mientras que el jurado inglés y americano ha evolucionado hacia lo que en la historia inglesa y americana se ha llamado el paladión de la libertad.  El common law es la acumulación de fallos hechos en miles y millones de casos decididos por jurados que, por lo general, juzgaban imparcialmente entre el bien común y los derechos individuales, utilizando el conocimiento disperso de la comunidad concentrado en los jurados.  El stare decisis es producto de fallos por jurados, especialmente desde la Carta Magna hasta la llegada de la Cámara de la Estrella bajo los Tudor, y posteriormente desde 1670 hasta principios del siglo XVIII.  Los jurados eran los guardianes concretos del imperio de la ley, del Estado de Derecho.  Los jueces y juristas únicamente interpretaban las decisiones y encontraban los patrones implícitos en un sin-fin de fallos dados por jurados en casos particulares.

Durante el reinado de Ricardo Corazón de León, Humberto Walter, magistrado supremo[viii] de la Corona, decretó que los jurados fueran elegidos por un comité de cuatro caballeros que eran elegidos en el tribunal del condado.  Anteriormente habían sido elegidos por los sheriffs,[55] quienes eran conocidos en esos tiempos por su corrupción. 

Pero las reformas hechas por Enrique no eran del todo desinteresadas,

...había un lado menos atractivo de la justicia del rey.  Sus tribunales eran un medio de extorsión para llenar su tesoro siempre hambriento.  No sólo fue el deseo desinteresado de suministrar a su pueblo justicia verdadera lo que movió a Enrique II a extender la provechosa jurisdicción de los tribunales reales.  Ricardo, Juan y Enrique III se cuidaron menos de la justicia abstracta, y más del dinero, y todos continuaron fomentando la jurisdicción real.  Los jueces estaban tan ocupados recaudando las rentas del rey como poniendo en vigor su paz.  Eran dos aspectos de la misma operación.”[56]

 

La Carta Magna

Cuando los barones, el clero y el pueblo en general se hartaron de la conducta irresponsable de Juan Sin Tierra y de su desenfrenada recaudación de tributos que financiaban sus guerras en Francia, se rebelaron en su contra, y en Runnymede en 1215 arrancaron de él la famosa Magna Charta.    En Runnymede tenían a Juan en su poder y podían pedirle lo que querían, y era por sus abusos legislativos que se habían rebelado.  No iban a volver a darle un poder que permitiera que cualquier ley bastara para poder proceder en contra de uno de ellos.  Las últimas cláusulas de la Carta Magna lo hacen evidente:

(61)          DADO QUE HEMOS OTORGADO TODAS ESTAS COSAS por Dios, para el mejor ordenamiento de nuestro reino, y para calmar la discordia que ha surgido entre nosotros y nuestros barones, y dado que deseamos que sean disfrutados en su totalidad, con fuerza duradera, para siempre, le damos y otorgamos a los barones la siguiente seguridad:

 

Los barones elegiran a veinti-cinco de su número para conservar, y motivar a que se observe con toda su fuerza, la paz y libertades otorgados y confirmados a ellos por esta carta. 

 

Si nosotros, nuestro magistrado supremo, nuestros funcionarios, o cualquiera de nuestros sirvientes ofendemos de cualquier manera a cualquier hombre, o infringimos cualquiera de los artículos de la paz o de esta fianza, y la ofensa se nos hace saber por cuatro de los mencionados veinti-cinco barones, vendrán con nosotros – o en nuestra ausencia del reino al magistrado supremo – a declararlo y a pedir compensación inmediata.  Si nosotros, o en nuestra ausencia en el extranjero nuestro magistrado supremo, no hacemos compensación dentro de cuarenta días, calculando desde el día en que la ofensa se nos declaró a nosotros o a él, los cuatro barones referirán el asunto al resto de los venti-cinco barones, quienes tienen la autorización de embargar y arremeter en contra nuestra de cualquier modo posible, con el apoyo de toda la comunidad del país, confiscando nuestros castillos, tierras, pertenencias o cualquier cosa menos nuestra persona y las de la reina y nuestros hijos, hasta que hayan procurado compensación tal y como lo hayan determinado.  Habiendo procurado la compensación, pueden resumir su obediencia normal hacia nosotros.

Cualquier hombre que desee tiene autorización de hacer un juramento de obediencia a los veinti-cinco barones para el logro de estos fines, y a sumarse a ellos en arremeter en contra nuestra hasta el máximo de su poder.  Damos permiso público y libre de hacer este juramento al hombre que lo desee, y nunca le prohibiremos a ningún hombre que la tome.  Por cierto, obligaremos a cualquiera de nuestros súbditos que no estén anuentes a tomarlo a jurar por orden nuestra.  

 

La carta, en efecto, convertía al gobierno de Inglaterra en una especie de gobierno mixto de monarquía y oligarquía, donde el pueblo podía recurrir al rey para su protección en los tribunales reales en contra de los barones y a los barones en contra del rey.  La cláusula más importante, la que le daba al ciudadano la protección más efectiva en contra del rey y los barones fue la siguiente: 

Ningún hombre libre será capturado y/o (vel) encarcelado, o privado de su forma de ganarse la vida, y/o de sus libertades, y/o de sus costumbres libres, ser declarado fuera de la ley, o exiliado, o de algún modo arruinado, ni procederemos contra él, por fuerza o por armas, sino por juicio legal de sus pares, y/o por la ley de la tierra.[ix]

 

Aunque dice y/o por la ley de la tierra, eso de ninguna manera puede interpretarse como que bastara con que hubiera una ley positiva, hecha por el rey, para que se pudiera proceder legalmente en contra de un ciudadano.  La ley de la tierra era la ley consuetudinaria, basada en las costumbres y el consentimiento de los súbditos de Juan,[x] y como no tenían Parlamento en ese entonces, esto significaba que ni el rey ni los barones podían crear una ley que no tenía el consentimiento del pueblo.

 Era tal la limitación de poder puesta al rey en 1215, y la humillación, que Juan estaba dispuesto a cederle todo el reino de Inglaterra al Papa con tal de deshacerse de las disposiciones de la Gran Carta.  Este mismo Papa en seguida declaró la Carta Magna nula y bajo peligro de excomunicación al que la apoyara; hasta le brindó ayuda militar en contra de los barones, sin el resultado deseado por el rey y pontífice. 

En 1219 ya hay evidencias del juicio por jurado de doce pares.  Se supone que todavía eran los testigos de hecho de siempre, pero probablemente con la obligación adicional de velar porque los oficiales del rey no sobrepasaran sus límites, asegurándose que las leyes que declaraban los jueces del rey no fueran en contra de las estipulaciones en la Carta Magna y la ley consuetudinaria.  Como muestra de que el juzgador de un acusado no era el magistrado del rey y el que decidía la ley y el fallo, está la pregunta tradicional que se le hacía a un acusado antes de ser enjuiciado: “¿Cómo serás juzgado?” la respuesta cuando pedía ser juzgado por un jurado era:  “Por Dios y por mi país.”[57]  In pais o in patria, por sus pares, no por el rey. 

Hasta mediados del siglo XV los jurados eran responsables de la investigación de los hechos y se esperaba que usaran su propio conocimiento de los hechos hasta el siglo XVII. La unanimidad en el fallo se estableció en tiempos de Eduardo III, c. 1360, cuando también se establece que los litigios se conducirán en inglés en vez de francés. 

 

La Cámara de la Estrella

Olvidada la Carta Magna después de sucesivos reinados benévolos, (o, más probablemente, limitados por el jurado y los barones, y únicamente bajo el imperio de leyes que los jurados y barones consideraran aceptables) los reyes, por medio de los jueces reales, empezaron a extender su control sobre el jurado y sobre el reino.  Hume relata algo sobre los poderes que los reyes habían acumulado en tiempos posteriores a la Carta Magna, las prerogativas de la corona y las fuentes del gran poder con que estos monarcas contaban:

Uno de los más antiguos y establecidos instrumentos de poder era la corte de la Cámara de la Estrella, que poseía una autoridad discrecional ilimitada de multar, encarcelar e infligir castigos corporales, y cuya jurisdicción se extendía a toda clase de ofensas, desacatos, y desórdenes, que no estaban al alcance del common law.  Los miembros de esta corte consistían del privy council[xi] y los jueces; hombres todos que gozaban de sus puestos mientras complacían:  Y cuando el príncipe mismo estaba presente, él era el único juez, y los demás podían interponerse únicamente con consejos.  Se necesitaba sólo esta corte en cualquier gobierno, para ponerle fin a todo plan regular, legal y exacto de libertad.  Pues ¿quien se arriesgaría a ponerse en oposición a la corona y ministerio, o aspirar al carácter de ser un mecenas de la libertad, mientras expuesto a tan arbitraria jurisdicción?  Cuestiono mucho si alguna de las monarquías absolutas contienen, en el presente, tan ilegal y despótico un tribunal...[58]  Mientras tanto terror se suspendía sobre el pueblo, ningún jurado se atrevería a absolver a un hombre, cuando la corte estaba empeñada en condenarlo.  La práctica también, de no poner a los testigos frente a frente con el prisionero, le dio a los abogados de la corona toda clase de ventaja en su contra.  Y, efectivamente, apenas ocurre un ejemplo, durante todos estos reinos, que el soberano, o los ministros, fueron alguna vez decepcionados en el tema de una acusación.  Jurados tímidos, y jueces que tenían sus cargos a placer del rey, nunca dejaron de secundar todos los puntos de vista de la corona.  Y como la práctica era antíguamente común de multar, encarcelar, o de otras formas castigar a los juradores, simplemente a discreción de la corte, por encontrar un fallo contrario a la dirección de estos jueces dependientes; es obvio, que jurados eran entonces ningún método de salvaguardia para la libertad del súbdito.[59]

 

En 1487 la Cámara de la Estrella, introducida bajo otro nombre por Enrique VII, le negaba el derecho a los acusados de saber los nombres de sus acusadores; con este instrumento, la corona se encaminaba hacia el absolutismo que más tarde sería la norma en el continente europeo.  En 1641, el arzobispo de Cantórbery usó la Alta Comisión y la Cámara de la Estrella para eradicar el calvinismo y presbiterianismo.[60]

 

Durante el reino de Jacobo I:

sólo las cortes de la Alta Comisión y la Cámara de la Estrella fueron suficientes para poner al reino entero a merced del príncipe... En una palabra, esa libertad de conciencia, que tan altamente y justamente valoramos en este momento, fue totalmente reprimida; y ningún ejercicio de religión alguna, más que la establecida, se permitía en todo el reino.  Cualquier palabra o escrito, que tendiera hacia la herejía o el cisma, era punible por los altos comisionados...[61]

 

Durante el reino de la Reina Elizabeth I, Sir Thomas Smith, un historiador del siglo XVII, dice que jurados acusados de haberse “comportado mal...fueron muchas veces ordenados a aparecer en la Cámara de la Estrella...”  Toda clase de casos podían ser examinados por este tribunal, si así lo deseaba el rey.  Los procesos no eran de acuerdo con el common law, no utilizaban un jurado, podían proceder en base a rumores, utilizaban la tortura y podían aplicar cualquier pena que no fuera la muerte.  Ofensas de la prensa constituían una clase especial de crímenes cognoscible por la Cámara de la Estrella. Dependiendo del punto de vista, se prestaba para apoyar al orden contra la anarquía o al despotismo en contra de la libertad individual y nacional.  Bajo los Tudor parece haber funcionado bajo la primera categoría, bajo los Estuardo, sin la menor duda, en la segunda.  Con los Tudor, dice S. R. Gardiner, fue “un tribunal recurrido constantemente como un recurso en contra de la ignorancia y prejuicios de un jurado campesino,” afirmando que “en tales investigaciones se mostró inteligente e imparcial.”  Bajo Jacobo I y Carlos I todo esto cambió; la Cámara de la Estrella se convirtió en herramienta de la tiranía real.  Castigos excesivos y odiosos se aplicaban con frecuencia en contra de los enemigos de la corona y el odio que se acumuló a su alrededor fue una de las causas que llevaron al descontento con Carlos I, y su ulterior ejecución.  Con su creciente impopularidad, su legitimidad y jurisdicción llegaron a cuestionarse.  Finalmente fue abolida junto con la Corte de Alta Comisión por acto del Parlamento en Julio de 1641.[62]

El primer párrafo del acta que abolió la Cámara de la Estrella vuelve a repetir la cláusula sobre el derecho de un ciudadano de ser juzgado por sus pares:

 

Abolition of the Star Chamber
July 5, 1641

Un acta para regular el privy council, y para eliminar la corte communmente llamada Cámara de la Estrella.

      DADO QUE por la gran carta muchas veces ratificada en parlamento, se establece, Que ningún hombre libre sera capturado o encarcelado o privado de su forma de ganarse la vida, o de sus libertades, o de sus costumbres libres, ser declarado fuera de la ley, o exiliado, o de algún modo arruinado, y  el Rey no  procederá contra él, ni lo condenará, sino por juicio legal de sus pares, y/o por la ley de la tierra…[63]

 

“... la destrucción de la Cámara de la Estrella significó mucho más que la abolición de un tribunal impopular; significó sacar de raíz el fundamento del sistema administrativo que había sido construído por los Tudor y extendido por los Estuardo.”[64]  A pesar de esto, el gobierno, por medio de los jueces, seguía teniendo un control considerable sobre los jurados. Y para que no queden ilusiones sobre los jueces ingleses de este período, cito el relato de Hume sobre el infame Juez Jeffreys de Wem, más tarde magistrado de la Alta Comisión resucitada Jacobo II:

Después de una rebelión que había sido reprimida implacablemente,

el violento Jefferies [sic] sucedió [a un juez militar]; y le enseño al pueblo, que los rigores de la ley podrían igualarse, si no excederse, a los destrozos de la tiranía militar.  Este hombre, desenfrenado en su crueldad, ya había dado una muestra de su carácter en muchos juicios donde presidía; y ahora partió con júbilo salvaje, a una cosecha plena de muerte y destrucción.  Los jurados se impresionaron tanto con sus amenazas, que dieron su fallo con precipitación; y muchas personas inocentes, dicen, fueron involucrados con los culpables... Todo el país estaba regado con las cabezas y miembros de traidores.  Casi todas las aldeas presenciaban el cuerpo muerto de algún desdichado vecino.  Y toda la rigidez de la justicia, despojada de cualquier aparencia de misericordia, fue plenamente desplegada por el desalmado Jefferies...  De todas la ejecuciones [que tuvieron lugar] en este período lúgubre, las más sobresalientes fueron las de la señora Gaunt y lady Lisle, quienes habían sido acusadas de amparar a traidores.  La señora Gaunt era una anabaptista, conocida por su beneficencia, que extendía a personas de toda profesión y creencia.  Uno de los rebeldes, conociendo su disposición humanitaria, fue con ella en su apuro, y fue ocultado por ella.  Sabiendo de un decreto que ofrecía indemnización y recompensas a los que descubrían a criminales, éste traicionó a su benefactora, y presentó evidencia en su contra.  El recibió un perdón como recompensa por su traición, ella fue quemada viva por su caridad. [65]

 

Es cierto que lo hizo con la complicidad de los juradores, pero bajo serias amenazas por parte de Jeffreys quien era partidario entusiasta de la teoría que los jurados deberían limitarse a establecer los hechos y no a juzgar la justicia de la ley.[66]  En esos tiempos todavía era costumbre castigar a los juradores que fallaran contra la evidencia, y, un hombre como Jeffreys, sin duda, no escatimó amenazas.  Sólo se puede especular que tanto peor hubiera sido si este juez hubiera actuado solo.  En la parte teórica se explicará en detalle por qué esperar que los jueces se mantengan altruístas es pedirles demasiado.  Demostraré la tesis que las probabilidades de alcanzar justicia por medio de jurados, debidamente integrados por ciudadanos laicos, imparcialmente escogidos de la misma clase que tiene las cualidades legales para ser legislador son substancialmente más altas que con jueces, por muy doctos que sean.  El juez Jeffreys era excepcional en su maldad, pero el poder permanente que ejercía le permitió hacer mucho más daño de lo que hubiera hecho como miembro temporal de un jurado. 

Los métodos que tenían los jueces a su alcance para controlar a los jurados eran varios.  Mientras deliberaban los juradores, los jueces no les permitían ni fuego ni alimentos, tampoco acceso a instalaciones sanitarias, y parece que si no se ponían de acuerdo en el fallo se acudía a métodos bastante primitivos para obligarlos a hacerlo.   Tenían el poder y derecho de multar a juradores cuando presentaban un fallo en contra de la evidencia, contra plenam et manifestam evidentiam.  La mayoría de multas se limitaban a pagos severos, pero en algunos casos no sólo todas sus propiedades eran confiscadas para el rey, sino que sus familias eran echadas de sus casas, las cuales eran demolidas, al mismo tiempo que los árboles y pastos alrededor eran destruídos. 

Este control por parte de los jueces se limitó considerablemente a partir de 1670 con la decisión histórica hecha en el caso Bushell, en base a una resolución de la Cámara de Comunes en 1667 “que los precedentes y prácticas de multar y encarcelar jurados por fallos es ilegal.”[67]

El Caso Bushell - Habeas Corpus, Libertad de Religión y el Fortalecimiento del Jurado

La historia, como ciencia, a partir de esta época, permite que se haga una investigación más confiable de la historia del jurado.  De ahora en adelante es posible citar casos y opiniones de los jueces relativos a la historia del jurado. 

El caso Bushell, 1670, es importante por tres razones.  Primero, de la absolución que dio el jurado en que estaba Bushell se estableció un precedente para la libertad religiosa en Inglaterra y Estados Unidos, en ese entonces todavía una serie de colonias de Inglaterra.  Segundo, de ahí surgió el primer caso de habeas corpus en la Corte de Interpelaciones Comunes[xii], que nueve años más tarde culminaría en la ley de Habeas Corpus de 1679, descrita como la quinta de las “Grandes Cartas” inglesas.  Por último, este caso le daría el poder casi absoluto al jurado de juzgar en un juicio según sus conciencias y no necesariamente según la ley.   

En 1670 William Penn y William Mead fueron arrestados y acusados de convocar a una asamblea tumultosa e ilegal, perturbar la paz e incitar disturbios.  Penn había predicado a un grupo de cientos de cuáqueros en la Calle Grace Church porque la policía había cerrado la sala donde normalmente se reunían.  Asambleas de más de cuatro personas de la religión quáquera y cualquier otra que no se conformara a las enseñanzas y prácticas anglicanas estaban prohibidas.  Los cuáqueros respondieron en parte como lo habían hecho los Levellers, un grupo considerado radical en esos tiempos, diseminando escritos informando a jurados de su poder de hacer su propia interpretación de la ley. 

En el juicio de William Penn y William Mead, se le negó a éste el derecho de leer el acta de acusación en su contra antes de presentar su declaración de inocente o culpable, ante lo cual se declararon inocentes.  Penn y Mead fueron acosados por el juez desde un principio, quien los multó 40 marcos después de ordenar él mismo que se les pusieran sus sombreros en sus cabezas, lo cual era prohibido estando frente a la corte.  Las instrucciones que dio el juez al jurado fueron las siguientes:

Han escuchado el acta de acusación, es por predicar al Pueblo, y atraer una Compañía tumultuosa detrás de sí, y el Sr. Penn estaba hablando; si no son dispersados, pueden ver que continuarían; hay tres o cuatro testigos que han comprobado esto, que predicaron ahí; que el Sr. Mead lo permitió; después de esto, han oído de testigos importantes lo que se dijo en su contra.  Ahora estamos sobre la Cuestión del Hecho, sobre lo cual se limitarán, y observarán sobre lo que se ha jurado, a su riesgo.[xiii] [68]

 

La primera vez que pronunciaron el fallo, el jurado estaba dividido, ocho a favor de una condena, cuatro por absolución.  Los jueces respondieron con amenazas, enfocándolas en Edward Bushell, uno de los disidentes.  Regresaron a deliberar y salieron con un veredicto unánime de “Culpables de hablar en la Calle Grace Church.”  El Registrador se negó a aceptar ese fallo y otra vez el jurado se retiró.  El tercer fallo halló únicamente a Penn culpable de hablar frente a una asamblea, absolviendo completamente a Mead. 

Howell, el Registrador, volvió a rechazar el fallo y ordenó que se encarcelara al jurado sin alimentos, bebida ni fuego y sin tabaco, hasta que regresaran con un veredicto que él considerara aceptable.  La corte se negó a aceptar la absolución de Mead por conspiración porque eso dejaría a Penn sin nadie con quien haber conspirado.  El próximo día el jurado repitió su anterior veredicto dos veces más, siendo rechazado cada vez por Howell.  Les ofreció la opción de presentar un “veredicto especial,” el cual consistía en presentar cuales hechos ellos consideraban comprobados y dejando a los jueces la decisión de culpabilidad o inocencia.   

Bajo amenazas de dejarlos morir de hambre la corte los mandó a deliberar nuevamente.  El tercer día sin comida, bebida o uso de sanitarios, el jurado al fín absolvió a los dos.  Howell los castigó con una multa considerable y ordenó que fueran encarcelados hasta que la multa fuera pagada.  Ocho de los juradores pagaron la multa y se fueron a sus casas.  Los otros cuatro, Edward Bushell, John Bailey, John Hammond y Charles Milson, se negaron a pagar la multa, a pesar de que Bushell, un acaudalado comerciante de azúcar, pudo haber pagado por los doce.  Siguieron encarcelados en Newgate Prison, una cárcel con la fama de ser un infierno sobre la tierra. 

El abogado de Bushell, Sir Richard Newdigate, ex-magistrado de la Corte del rey apeló a la Corte de Interpelaciones Comunes con una carta de Habeas Corpus ad Subjiciendum, que normalmente tenía que dirigirse a la Corte del rey.  Junto con una larga justificación del uso del habeas corpus por esa corte, la opinión del Magistrado Supremo de la Corte, John Vaughan, acerca de los deberes y derechos del jurado fue la siguiente:

¿Para qué fin tienen que sufrir el castigo pesado del juicio vil, si después de todo esto implícitamente están obligados a dar un fallo por los dictados y autoridad de otro hombre, bajo amenaza de multas y encarcelamiento, cuando están juramentados para hacerlo a lo mejor de su propio conocimiento?  Un hombre no puede ver por los ojos de otro, ni oir por los oídos de otro, no más puede un hombre concluír o inferir las cosas a resolver por la cognición o razonamiento de otro; y aunque el veredicto sea justo que el jurado da, sin embargo no estando seguros que así es desde su propio entendimiento, se abjuran, por lo menos in foro conscientiae.[xiv] [69]

 

O sea que, si dan un fallo que la corte considera justa, pero que se quedan con dudas, se abjuran, por lo menos en el fuero interno, en su conciencia. 

La decisión del Juez Vaughan introdujo el arranque de lo que un historiador inglés llama “la era heróica del jurado inglés,” durante la cual “el juicio por jurado surgió como la defensa principal de las libertades inglesas.”[70]  ¿Por qué?  Porque aquí es donde el jurado inglés obtiene el poder de decidir una causa contra plenam et manifestam evidentiam, a favor de la justicia, en contra de la ley como era dictada por el juez si fuese necesario.   

Aquí inicia la acalorada controversia de si el jurado tiene derecho a juzgar únicamente los hechos o si también tiene derecho a juzgar sobre la justicia y la aplicación de la ley en un caso particular.  Es mi opinión que el derecho lo habián tenido desde la Carta Magna, pero cuando un derecho queda implícito, es fácil que se olvide, permitiéndole a quienes no les conviene en lo particular negar la existencia de ese derecho.  En tiempos de la lucha entre el absolutismo real y el common law de Inglaterra, se consideraba al common law, por muchos opositores del absolutismo real, la poseedora de una existencia propia independiente, por encima del rey y sus súbditos, llamada a juzgar imparcialmente entre ellos.  Estos fueron los tiempos del renovado interés en el derecho romano y la doctrina de las prerrogativas divinas del rey[71] que amenazaban la libertad y el derecho inglés. 

 

 

Nulificación juratorial o la anulación de leyes por medio de precedentes judiciales.  El caso del Leveller John Lilburne

Uno de los primeros argumentos explícitos a favor de que los jurados eran jueces de la ley tanto como de los hechos, se hizo en 1649 por el Leveller John Lilburne, durante su juicio por alta traición.  Los Levellers[xv] publicaron y distribuyeron una gran cantidad de escritos que declaraban el derecho de juradores de votar de acuerdo con su conciencia.  Lilburne “persuadió a los juradores que lo examinaron que la declaración de proscripción por la cual iba a ser ejecutado era un ultra vires[xvi] de parte de la legislatura y que ellos, como representantes del pueblo, deberían privarla de su efecto, absolviéndolo a él.”[72]  (Doce años antes, Lilburne había sido enjuiciado en la Cámara de la Estrella por haber impreso y publicado libros sediciosos.  Al ser condenado fue atado a una carreta, castigado a latigazos por las calles de Londres, y por último empicotado.[73])

Durante su juicio por alta traición se le negó a Lilburne la oportunidad de hacerle preguntas a los testigos y de obtener asesoría legal, a pesar de varias peticiones suyas.  Creyó que no le quedaba más alternativa que dirigirse al “jurado, mis paisanos, sobre cuya conciencia, integridad y honestidad, mi vida, y las vidas y libertades de los hombres honestos de esta nación, ahora yacen; Ustedes son los jueces de la ley tanto como de los hechos, y [los jueces][xvii] únicamente los voceros de su sentencia, voluntad e intención.”  Cuando uno de los jueces, Lord Keble, negó que el jurado fuera juez de la ley, Lilburne insistió que el “jurado no son sólo jueces de hecho, sino de ley también: y Ustedes que se llaman jueces de la ley no son más que intrusos normandos; y de hecho y en verdad, si le place al jurado, no son más que zeros a la izquierda,[xviii] para anunciar su fallo.”  Terminó su argumento exhortando: “Ustedes, caballeros del Jurado, quienes son ahora mis únicos jueces, les ruego que tomen nota de [su poder de juzgar la ley][xix].”[74]  El jurado absolvió a Lilburne de todos los cargos en su contra.

 

La Revolución Gloriosa

Los mismos jueces cimentaron este derecho dieciocho años después de la decisión de Vaughan, en 1688, cuando siete obispos de la iglesia anglicana fueron acusados de difamación sediciosa.  En tiempos de Jacobo II, antes de la Revolución Gloriosa,  Jacobo quiso instalar a católicos en posiciones de autoridad central y local mientras que al mismo tiempo sacaba a anglicanos.  En su lucha con la Iglesia Anglicana el rey apelaba a los disidentes protestantes que tenían problemas con la Alta Iglesia.  “La corona ofreció tolerancia religiosa e igualdad civil mediante Declaraciones de Indulgencia ilegales suspendiendo las leyes persecutorias.  La iglesia prometió tolerancia religiosa asegurada por la ley tan pronto como se reuniera un parlamento libre.”[75]  Los protestantes no-anglicanos, en parte por su preferencia por el parlamento frente al rey y en parte por miedo al despotismo católico estilo francés, que en ese tiempo perseguía ferozmente a los hugonotes en Francia por medio del decreto de Fountainbleu[76] de Luis XIV, se pusieron del lado de los anglicanos.

Al rechazar los protestantes las Declaraciones de Indulgencia del rey, éste atacó abiertamente las posesiones y fortalezas del clero anglicano.  El tribunal de la Alta Comisión, que había sido declarado ilegal por el parlamento, fue resucitado por el rey para intimidar a la iglesia, dirigido por el ahora barón y Lord Chancellor Jeffreys.  Compton, el obispo de Londres, fue destituído al negarse a silenciar a protestantes controversiales.  Muchos beneficios eclesiásticos fueron ocupados por católicos.  Magdalen College en Oxford fue ilegalmente confiscado y el gran Colegio convertido en un seminario católico.  El efecto de este acto de tiranía fue tan grande sobre Oxford que “transformó la ciudadela de la no resistencia y el derecho divino en una ciudad rebelde, que enarboló los colores de Guillermo de Orange en la calle principal durante el invierno más memorable de la historia inglesa.”[77]

Finalmente, Jacobo obligó al clero a que leyera la Declaración de Indulgencia en las iglesias, suspendiendo las leyes hechas por parlamento contra católicos y disidentes, admitiéndolos a puestos civiles y militares.  “Como todo el mundo sabía que el clero consideraba ilegal la declaración, la orden de leerla estaba destinada a humillarlo; pero a menos que todos se unieran, la Alta Comisión destituiría a quienes rehusaran obedecer.  Siete obispos, encabezados por Sancroft, arzobispo de Cantórbery, apelaron al rey contra la orden.  Su respuesta fue procesarlos por difamación sediciosa. ”[78] 

En el juicio, los cuatro jueces estaban igualmente divididos acerca de si la petición que los obispos presentaron al rey era difamatoria o no, cuando cuestionaron su autoridad de obligarlos a leer la Declaración de Indulgencia desde los púlpitos de las iglesias.  Como los jueces no se ponían de acuerdo, decidieron que dejarían la decisión en manos del jurado.  “El jurado, al retirarse, pidió poder, y la corte se los permitió, llevarse el libro de estatutos, la información, la petición de los obispos, y la declaración del rey...”[79]  A pesar de las instruciones de la corte, que el jurado “son jueces del hecho; si comprobamos el hecho, están obligados a hallarlos culpables,” y a pesar de que desde un principio el jurado había sido escogido para darle ventaja al rey, el fallo unánime del jurado para los siete obispos fue de ‘no-culpable,’[80] y no hay evidencia de que alguno de los jueces se se haya opuesto a la decisión. 

Esta absolución fue el principio del fin del reinado de Jacobo II, pues, “aquella misma noche fue enviada a Guillermo de Orange una invitación firmada por siete jefes whig y tory,” quien llevó a cabo la Revolución Gloriosa.  Según Trevelyan, la Revolución Gloriosa, que se llamó gloriosa porque no se perdió una sola vida inglesa, fue un triunfo de los legistas sobre el ejecutivo para someter la legalidad de las acciones del rey al libre juicio de los tribunales que administraban el common law. [81]  Específicamente, fue una afirmación por el pueblo inglés del derecho del jurado a juzgar sobre la legislación o decretos reales.

En 1689, John Locke, quien regresó de su exilio en Holanda con la princesa de Orange, publicó en Londres sus dos tratados pertinentes al gobierno civil.  En el prefacio del Segundo Tratado, John Locke evidencia sus deseos de vindicar lo que en otros paises de Europa se consideraba la usurpación del trono de Jacobo II por el príncipe de Orange.  Al mismo tiempo justifica “ante el mundo al pueblo de Inglaterra, cuyo amor de sus derechos justos y naturales, junto con su determinación de conservarlos, salvaron la nación cuando estaba al borde de la esclavitud y ruina.”  En el capítulo XIX, sección 240 manifiesta lo siguiente:

Aquí, es probable, que se hará la pregunta común, ¿Quien será juez, si el príncipe o legislativo obran contrario a lo que se les ha confiado? ... A esto yo respondo, El pueblo será juez; pues ¿quien será juez de si su fideicomisario o lugarteniente obra bien, y de acuerdo a la confianza depositada en él, salvo el que lo delega, y tiene que tener, al haberlo delegado, todavía el poder de despedirlo, cuando se equivoca en su confianza?  Si esto es lógico en casos singulares de hombres particulares, ¿por qué tiene que ser lo contrario en el momento más grande, cuando el bienestar de millones está en juego, y en donde también el mal, si no es evitado, es mayor, y la corrección muy difícil, cara, y peligrosa? [82]

 

El pueblo juzgó entre el rey y los obispos por medio del jurado, y Locke estaba justificando su actuación. 

Medio siglo más tarde, Adam Smith, en sus Conferecias sobre la Jurisprudencia, elogia al jurado inglés diciendo que no hay algo “mejor ingeniado para preservar la independencia y libertad de un pueblo como esta forma del jurado inglés,” añadiendo que no había país en donde las cortes estuvieran bajo más regulación y la autoridad del juez más restringida.[83]  Comenta:  “Había observado otra cosa que en gran medida confirma la libertad de los súbditos en Inglaterra. Esto fue el poco poder que tienen los jueces en explicar, alterar, o extender o corregir el significado de las leyes, y la gran exactitud con que tienen que ser observadas de acuerdo al significado textual de las palabras...”[84]  En cuanto a los beneficios del jurado, cita el caso de la prohibición en tiempos de Carlos II de las exportaciones de lana a otros países, violación que estaba penada con la muerte.  Por la severidad del castigo, los jueces no podían encontrar ni informantes ni jurados que estuvieran dispuestos a condenar,[85] dejando, de hecho, la ley sin efecto.  Muchos jurisprudentes, entre ellos William Blackstone, han notado con aprobación como jurados de esta época fallaban en base a ficciones, como, por ejemplo, hallar que un acusado había robado un conejo en vez de un buey, haciéndolo necesario que el juez le diera la pena menor porque sentían que la pena correspondiente al robo de un buey era excesiva.  La mayoría de delitos, incluyendo la falsificación de firmas, en ese entonces, eran castigados con la pena de muerte.

 

El Caso Zenger y la Libertad de Prensa

El próximo caso que citaré es todavía parte de la historia del jurado inglés, pero tuvo también gran impacto en la historia no sólo del jurado anglo-americano, sino en la historia de Estados Unidos y en la historia de la libertad de prensa y expresión, quizás mundial.

William Penn, el cuáquero absuelto por Bushell y sus compañeros juradores, eventualmente se fue de Inglaterra a las colonias americanas buscando la libertad y tolerancia religiosa que no podía encontrar en Inglaterra a pesar de su absolución.  Ahí, junto con los cuáqueros que se fueron con él, fundó Pennsylvania.  Sesenta y cinco años después de su absolución en Inglaterra por ese valiente jurado inglés, el abogado de la familia de Penn, Andrew Hamilton fue llamado a defender a un impresor alemán, John Peter Zenger, acusado en Nueva York, de difamación sediciosa.

En 1732, William Cosby, el nuevo gobernador nombrado por el rey de Inglaterra, llegó a la Colonia de Nueva York.  Entre otras cosas, este hombre que luego se ganó la enemistad de los coloniales, despidió al Magistrado Supremo de la Corte Suprema de Nueva York por afirmar que no había lugar para una demanda que Cosby había presentado.  También usó su influencia para apoyar a amigos suyos en un litigio sobre especulación de terrenos.  La oposición a Cosby fue tan fuerte en la colonia que en 1734 mandaron un representante a Inglaterra a pedir su destitución.  Habían dos periódicos que tomaron parte en la contienda entre Cosby y sus opositores, el New York Gazette, el periódico oficial y The New York Weekly Journal, que apoyaba a la oposición. 

El Journal era publicado en la pequeña imprenta de John Peter Zenger, pero el editor y principal crítico de Cosby era James Alexander, un abogado.  Alexander utilizó todo el espacio del periódico para criticar y satirizar a Cosby y sus amigos, incluso por medio de los clasificados.  Al no poder determinar quienes eran los verdaderos autores de los artículos escritos en el Journal, Cosby, por medio del fiscal general acusó a Zenger por ser el impresor del periódico y le atribuyó la autoría de los artículos considerados sediciosos ante el Gran Jurado.

El Gran Jurado se negó a darle respaldo a la acusación.  El Gran Jurado es una institución cuya función es evitar que se lleve a alguien a juicio sin suficiente evidencia, lo cual impide que alguien acusado sin fundamento sea llevado a un juicio que podría convertirse en una carga económica onerosa si fuera inocente.  Tres veces se presentaron acusaciones contra Zenger ante el Gran Jurado, cada vez compuesto de juradores distintos, todos se negaron a respaldar la acusación.  El fiscal entonces presentó una información[xx] por difamación ante la Asamblea de Nueva York, la cual ordenó que los periódicos de Zenger fueran quemados en público.  Al negarse el verdugo público a cumplir con lo ordenado, el fiscal obligó a su propio esclavo a que lo hiciera.  Mientras tanto, Zenger fue arrestado y encarcelado por orden del fiscal.

Originalmente representado por James Alexander, el editor, y William Smith, Zenger tuvo que buscarse otro defensor al enemistarse estos primeros con los jueces.  Los abogados habían objetado a la comisión de los jueces de la Corte porque habían sido nombrados por el gobernador, alegando que servirían únicamente a su placer y voluntad.  Smith argumentó que estaban prejuiciados a favor del gobernador, y que eso los hacía poco más que sus agentes, de hecho, partes interesadas en el caso.  Smith y Alexander fueron expulsados del caso y John Chambers, miembro del partido del gobernador fue designado para defender a Zenger.  La acusación inicial frente a la corte fue breve, y Zenger tuvo que pasar los próximos cuatro meses en la cárcel esperando un juicio.

A pesar de ser hombre del partido del gobernador, Chambers hizo lo posible por representar bien a Zenger, objetando dos veces cuando la corte “ocupó”[xxi] el jurado.  La mayoría de los juradores eran personas que habían sido nombradas por el gobernador a algún puesto, sirvientes suyos, y personas que habían sido criticadas por el periódico.

Fue entonces cuando Andrew Hamilton, el abogado más famoso de las Colonias, supuestamente el único americano admitido al Inns of Court de Londres, fue llamado para defender a Zenger.  Era Speaker de la Asamblea en Filadelfia, y, como se mencionó anteriormente, representante de la familia de William Penn.  Cuando el juicio empezó en agosto de 1735, Hamilton estaba entre el público, y después que el fiscal había leído los cargos en contra de Zenger, y Chambers, su abogado, había leído sus primeros comentarios a la corte, Hamilton se levantó y anunció que defendería a Zenger.

Hamilton desde un principio admitió que su cliente había publicado los artículos en cuestión, el único hecho que la corte consideraba relevante.  Pero negó que hubiera algo difamatorio en ello, pidiendo que se absolviera a Zenger.  Como el juez dijo que la determinación de difamación era prerogativa de la corte, Hamilton se vio obligado a dirigir sus argumentos al jurado.  Ya que la información acusaba a Zenger de publicar “cierta difamación falsa, maliciosa, sediciosa y escandalosa,” Hamilton argumentó que era obligación del fiscal comprobar que era falsa.  Si fuera falsa, Hamilton estaría de acuerdo con que era maliciosa, sediciosa y escandalosa.  Cuando el fiscal no pudo o quiso comprobar que dichas afirmaciones eran falsas, Hamilton se mostró dispuesto a comprobar que eran verdad. 

            En ese momento, Delaney, el juez, declaró que no se podía admitir la verdad de una difamación como evidencia, “una difamación no se justifica; pues es sin embargo una difamación que sea verdad.”  Al escuchar esto, Hamilton se dirigió al jurado:

Entonces, caballeros del jurado, es a Ustedes a quienes nos toca recurrir, pues testigos a la verdad de los hechos hemos ofrecido, y se nos ha negado la libertad de comprobar; y que no les parezca extraño, que me dirijo a Ustedes de esta manera; estoy justificado en hacerlo, por la ley y por la razón.  La ley supone que Ustedes son convocados del vecindario de donde el hecho se alega que fue cometido; y la razón por la cual Ustedes han sido llamados de su vecindad es, porque se supone que tienen el mejor conocimiento del hecho a probar.  Y si hallaran Ustedes en contra de mi cliente, tendrían que decir, que los artículos referidos en la información, y que nosotros admitimos que fueron impresos y publicados, son falsos, escandalosos y sediciosos; pero de esto yo no puedo tener conocimiento.  Ustedes son ciudadanos de Nueva York; son en verdad, lo que la ley supone que son, hombres honestos y legales; y de acuerdo con mi extracto, los hechos a probar no fueron cometidos en un rincón; son notoriamente conocidos como verdaderos; y por lo tanto en su justicia yace nuestra protección.[86]

 

Al terminar los argumentos del fiscal y la defensa, la corte le dio intrucciones al jurado que tenían que presentar un Veredicto Especial, determinando únicamente si Zenger había publicado los artículos en cuestión o no.  Hamilton negó que esto fuera obligatorio, con lo cual el juez declaró:

            “No, Mr. Hamilton, el jurado puede hallar que Mr. Zenger imprimió y publicó esos artículos, y dejarle a la Corte juzgar si son difamatorios.  Usted sabe que esto es muy común: está en la naturaleza de un Veredicto Especial, en donde el jurado le deja el asunto de la ley a la Corte.”

            Responde Hamilton:

            “Yo sé... el jurado puede hacerlo; pero también sé que pueden hacer lo contrario.  Sé que tienen el derecho, sin la menor duda, de determinar tanto la ley como el hecho; y donde no dudan de la ley, deberían hacerlo.  Esto de dejarselo al juicio de la Corte, si las palabras son difamatorias o no, de hecho inutiliza al jurado (por no decir algo peor) en muchos casos...”

 

Al absolver el jurado a Zenger, Hamilton dijo: los “juradores tienen que ver con sus propios ojos, oir con sus propios oídos, y hacer uso de sus propias conciencias y entendimiento, al juzgar de las vidas, libertades o bienes de sus semejantes.”[87] afirmando con estas palabras lo que el magistrado Vaughan había dicho sesenta y cinco años antes.

En Inglaterra la respuesta de los ingleses fue reanudar la publicación de la literatura en pro del derecho del jurado a juzgar no sólo los hechos sino que también la ley.  David Hume demuestra claramente su opinión al respecto con un razonamiento lúcido y convincente que se incluye en el libro sobre la historia de Inglaterra que publicó en 1778:

En vano los abogados establecen como principio, que un estatuto no puede ser derogado por costumbre opuesta; pero requiere que sea expresamente revocado por un estatuto contrario:  Mientras pretenden inculcar un axioma, característico de la jurisprudencia inglesa, violan los más establecidos principios de la naturaleza humana; e incluso, por consecuencia necesaria, razonan en contradicción a la ley misma, que ellos retratarían como sagrada e inviolable.  Una ley, para que tenga autoridad, tiene que ser derivada de una legislatura, que tiene derecho.  Y de donde obtienen las legislaturas su derecho sino de larga costumbre y práctica establecida?  Si un estatuto, contrario al bien común, ha sido, en cualquier momento, votado y aprobado precipitadamente, por violencia partidista [por aplanadora diríamos aquí en Guatemala], o por la inexperiencia de senados o príncipes; no puede ser más efectivamente derogado, que por una serie de precedentes contrarios, que demuestran, que, por consentimiento común, ha sido tácitamente dejado a un lado, como inconveniente e impracticable.[88]

 

Sin sacrificar un sinnúmero de personas inocentes a una ley nociva, ni esperar a que la pérdida de votos convenciera a la legislatura derogarla. 

 

La Ley de Difamación

La controversia sobre el rol del jurado siguió durante los siguientes años y se puso candente cuando el gobierno, en Rex v. Shipley[89] obtuvo una condena en un caso de difamación sediciosa.  En 1785, William David Shipley había sido arrestado por vender un libro escrito por su cuñado, Sir William Jones, magistrado de la Corona en Bengala.  Sir William, el autor, no fue acusado de difamación, sino su cuñado, el vendedor.  El jurado en el caso inicialmente presentó un fallo de “culpable de publicar únicamente.”  Al ser presionados por la corte, ese fallo general fue cambiado a uno especial de “culpable de publicar, pero si es difamación o no el jurado no halla,” permitiendole a los jueces decidir si era culpable de difamación o no, quienes, por supuesto, lo condenaron.  El abogado defensor, el Honorable Thomas Erskine, en su petición por un juicio nuevo argumentó que el jurado no podía presentar un fallo de culpable si no habían considerado todos los elementos que contribuyen a un fallo de culpable.  Como la corte se había negado a dejar que consideraran los temas de falsedad, intención y malicia, el jurado no podía presentar un fallo general válido de culpable.  Este caso se hizo notorio por la separación de los conceptos de ‘poder’ y ‘derecho’ hecha por Lord Mansfield, uno de los jueces, quien admitió que podría ser admirable que los juradores ejercieran este poder de presentar un fallo independiente en ciertos casos, pero no admitía que este poder fuera un derecho. 

La opinión discrepante de Justice Willes fue la siguiente:

Creo que ningún hombre se atrevería a decir que no tienen el poder, pero yo tengo la intención de decir claramente que tienen el derecho.  Cuando un poder civil de esta naturaleza ha sido ejercitada sin ningún control, ello implica no,   por uso continuo, ello dá el derecho.  Es el derecho que los juradores erjercieron en aquellos tiempos de violencia cuando los Siete Obispos fueron enjuiciados, y que aun los jueces prejuiciados que entonces presidían no disputaron, sino autorizaron que lo ejercieran sobre el contenido de la difamación; y el jurado, por medio de su fallo solemne en esa ocasión, se convirtieron en uno de los afortunados instrumentos, bajo Providencia, de la salvación de este país.  Este privilegio ha sido asumido por el jurado en una variedad de oportunidades antiguas y modernas, y en particular en el caso de Rex v. Owen, sin alguna corrección o siquiera una admonición por parte de la corte.  Es un derecho, por las razones más sólidas, amparado en el jurado, ya que sin este limitante el súbdito en malos tiempos no tendría seguridad en su vida, libertad o propiedad.[90]

 

Pocos años después, esta controversia sobre la discreción del jurado en casos de difamación se resolvió por el parlamento cuando le dio el derecho explícito al jurado de decidir si una publicación era en realidad difamatoria.  Fox’s Libel Act[91] fue defendido por Thomas Leach, quien argumentó que el jurado tenía la prerogativa de decidir la criminalidad de una difamación, que la verdad de una supuesta difamación justificaba la publicación, y, por último, que prohibir la crítica del gobierno impide la discusión necesaria para la comprensión y el perfeccionamiento de la administración pública.  El estadista whig Charles James Fox, el autor del proyecto de ley lo defendió con las siguientes razones:

‘Si un poder se concede a cualquier persona, seguramente tiene que ser ejercido’; que ‘hubo un poder concedido al jurado de juzgar la ley y el hecho, en cuanto estén unidos, y, si se entendiera que el jurado no tenía derecho a ejercer ese poder, la constitución jamás se las hubiera confiado’; ‘pero sabían que era esfera del jurado juzgar de ley y hecho, y así es, no sólo en asesinato, sino en delitos, graves y de cualquier otra acusación criminal’; y que ‘tiene que dejarse en todo caso al jurado deducir la culpabilidad de hombres, y un súbdito no podría perder su vida sino por el juicio de sus pares.’[92]

 

El proyecto de ley causó fuertes confrontaciones en el Parlamento y en la Cámara de los Lores, y su aprobación se debe en gran parte a los argumentos de Lord Camden, quien argumentó que la distinción entre ley y hecho en casos de difamación era ficticia, que no había diferencia entre la intención y malicia en difamación y la intención y malicia en asesinato.  Dijo además:

El jurado tenía un derecho incontrovertible a establecer el fallo ellos mismos de acuerdo con sus conciencias, aplicando la ley al hecho.  Si fuera de otra forma el primer principio de la ley de Inglaterra sería vencido y derrocado.  Si los doce jueces afirmaran lo contrario una y otra vez, lo negarían absolutamente, porque todo hombre inglés tenía que ser enjuiciado por su país; y quien era su país sino doce de sus pares, juramentados a condenar o absolver según sus conciencias?  Si la doctrina opuesta predominara, juicio por jurado sería un juicio nominal, pura forma; pues, de hecho, el juez, y no el jurado, enjuiciarían al hombre.  Podría sostener la verdad de este argumento hasta la última hora de su vida, manibus pedibusque.  Respecto al juez dictaminando al jurado la ley, fue su deber indudable hacerlo; pero, habiendolo hecho, el jurado tenía que tomar ambos ley y hechos en consideración, y ejercer su discreción y darle satisfacción a sus conciencias.[93]

 

Lord Holt, en su obra The Law of Libel, se refiere al estatuto como restaurativo del commmon law, meramente declarativa.[94]  El proyecto Fox’s Libel Act 1792 aprobado cita lo siguiente:

Por lo tanto declarado y establecido que en todo juicio semejante el jurado juramentado a enjuiciar el caso puede dar un veredicto general de culpable o no culpable sobre el asunto entero en cuestión sobre tal acusación o información; y no se le requerirá ni se le dirigirá, por la corte o por el juez ante quien tal acusación o información se juzgará, que hallen al acusado o acusados culpables, meramente sobre la prueba de publicación por tales acusado o acusados del escrito imputado de difamación, y del sentido atribuído al mismo en tal acusación o información.[95]

 

La era heróica del jurado inglés duró poco más de cien años.  En 1870 con el Naturalization Act se acabó la práctica en common law de darle a acusados que no eran ciudadanos ingleses un jurado de medietate linguae, mitad inglés-mitad extranjero.  Es de suponer que no hallaban fallos como quería el gobierno o como querían los mismos ciudadanos ingleses, talvez amenazando prácticas mercantilistas.  William Fielden Craies, autor del artículo sobre el jurado, Jury, en la famosa edición de 1911 de la Encyclopedia Britannica,  expresa que la independencia del jurado se veía amenazada con las provisiones del Criminal Appeal Act 1907[xxii].  

En 1915, en su introducción a la octava edición del libro Introduction to the Study of the Law of the Constitution, el famoso constitucionalista A. V. Dicey se lamenta que:  “La antigua veneración por el imperio de la ley en Inglaterra ha sufrido un deterioro marcado.  La verdad de esta afirmación se comprueba por la legislación actual, por la existencia entre algunas clases de cierta desconfianza de la ley y de los jueces, y por una marcada tendencia hacia el uso de métodos ilegales para la realización de fines sociales y políticos.”[96] 

La actitud elitista de muchos ingleses y la pérdida de fe en el sentido común de doce hombres de inteligencia y educación promedio llevó a los legisladores a dejar fuera de la jurisdicción del jurado temas que se hubieran decidido cien años antes por juradores sensatos e imparciales.  Dicey relata lo siguiente:

Recientes Actos [disposiciones del Parlamento] han dado autoridad judicial o cuasi-judicial a funcionarios quienes tienen una conexión más o menos directa con, y pueden ser entonces influenciados por, el gobierno de turno, y por lo tanto han en algunos casos excluído, y en otros indirectamente disminuído, la autoridad de las Cortes de ley.  Esta tendencia a disminuir la esfera de la ley es demostrada, por ejemplo, en los poderes judiciales otorgados a los Comisionados de la Educación por el Acto de Educación, 1902, a varios oficiales por los Actos de Seguros Nacionales, 1911 y 1913, y a los Comisionados de Recaudación Interna[xxiii] y otros oficiales por el Acto de Finanzas, 1910.  También está demostrado por el Acto de Parlamento, 1911, S.3, que establece que ‘cualquier certificado del Speaker de la Cámara de los Comunes dado por este Acto será definitivo para todo propósito y no será cuestionado por cualquier Corte de ley.’  Este decreto, si es rigurosamente interpretado, protegería a cualquier Speaker quien, por partidismo o para promover algunos intereses personales propios, firmara un certificado notoriamente falso de ser sujeto a castigo por cualquier Corte de ley.  Sin duda la Cámara de Comunes ha visto con recelo cualquier interferencia judicial con personas actuando bajo la autoridad de la Cámara, y ha en más de una ocasión pretendido estar por encima de la ley del país.  Lo único que puede decirse es que tales pretensiones raras veces han sido de ventaja o mérito para la Cámara, y que el tiempo actual es difícilmente la época debida para la reducción del poder judicial legítimo.  Debería de notarse, sin embargo, para no ser injustos, que la invasión del imperio de la ley al delegar funciones judiciales a oficiales se debe, en parte a la opinión legislativa actual a favor de extender la esfera de la autoridad del Estado.  El resultado inevitable de así aumentar enormemente los deberes del gobierno es que oficiales del Estado más y más tendrán que encargarse de administrar una legión de negocios públicos...Entre más múltiples sean los asuntos que se entregan a la administración de funcionarios mayor será la tentación, y a menudo la necesidad, de extender el poder discrecionario dado a oficiales, y así evitando que las Cortes de ley intervengan en asuntos no adecuados a decisión legal.

 

Dicey  demuestra un desencanto con la democracia generalizado entre los intelectuales:

El tiempo ha llegado cuando el hecho ha de ser generalmente admitido que la cantidad de gobierno, o sea de coacción,[xxiv] de individuos o clases por el Estado, que es necesario para el bienestar o incluso la existencia de una comunidad civilizada, no puede co-existir permanentemente con la creencia operante que la veneración por la opinión pública [mayoritaria] es en todo caso la única o necesaria base de una democracia.  La justificación de anarquía o ausencia de respeto por la ley[xxv] es también, en Inglaterra por lo menos, sugerida si no causada por el mal desarrollo de gobierno partidario.  El imperio de un partido no puede identificarse permanentemente con la autoridad de una nación o con los dictados del patriotismo.  Este hecho se ha patentizado tanto recientemente que se encuentran eminentes filósofos quienes definitivamente utilizan lenguaje que implica que la autoridad o la soberanía de una nación, o incluso el concepto de voluntad nacional, es una especie de ficción política o metafísica que hombres sabios harían bien en descartar.

 

Al mismo tiempo, este venerado y famoso constitucionalista que en su libro clásico sobre la constitución inglesa explica, defiende y reverencia el “dominio de la ley” en Inglaterra, logra con pocas palabras desprestigiar al jurado y poner en su lugar de honor al juez inglés como fuente de la ley común inglesa.  Olvidandose, ignorando o descartandolos como aberraciones, jamás menciona el papel del hombre común inglés en la construcción de la ley común inglesa.  Bushell y Zenger y todos los demás valientes anónimos, que arriesgaron su bienestar por fallar como dictaba sus conciencia, quedaron vilmente enterrados en la deshonra con las siguientes palabras:  “El juicio por jurado se presta a mucha crítica; un distinguido filósofo francés puede que tenga razón al sostener que el hábito de someter a consideración problemas difíciles de hecho a la decisión de doce hombres de educación e inteligencia promedio se considerará en el cercano futuro como un absurdo tan patente como la ordalía por batalla.”[97]  “... Juicio por jurado, nos dicen, es una broma, y en cuanto a los intereses públicos, una broma muy pesada.”[98]  Una bofetada fuerte para la verdadera democracia.

En Inglaterra, los jurados no se han usado en la mayoría de casos civiles desde principios del siglo XX.  Lo cierto es que ya no es el país libre de hace 150 años; con el jurado maniatado a la máxima de:  ad quaestionam legis respondent judices: ad quaestionam facti juratores,[xxvi] junto con la costumbre de los jueces ingleses de dirigir el fallo por medio del control de la evidencia de los hechos admisible al juicio - y su relevancia, violando esa supuestamente sagrada distribución, en los pocos casos que aún se refieren a ellos, los jurados ya no son la defensa de las libertades de los ingleses que fueron otrora.

 

EL JURADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La información relativa a la historia del jurado en Estados Unidos es tan extensa que apabulla.  Muchos libros han sido escritos sobre esta institución, y, en los últimos años, libros específicamente tratando el tema que designaré como independencia juratorial, [xxvii]  y  la consecuente capacidad del jurado de no aplicar la ley en casos particulares que se le presentan.   Para distinguir entre este poder anulativo del jurado y el poder más amplio que tienen los legisladores o los jueces, seguiré la designación conocida en círculos legales estadounidenses como nullification,[xxviii]  el término jury nullification designaré como nulificación juratorial.  Actualmente existe una fuerte controversia en Estados Unidos sobre si la nulificación juratorial es sólo un poder o si es un derecho. 

De las decisiones de jurados angloamericanos han surgido lo que son los derechos hoy conocidos como fundamentales, los llamados “de primera generación.”  Por la libertad manifiesta en Inglaterra, que invitó la imitación por parte de los paises europeos, y más tarde por la presión ejercida desde Inglaterra, Europa y Estados Unidos, los primeros poderes mundiales, surgió el movimiento global de derechos humanos. 

Haré un breve recorrido por la historia del jurado y su poder de nulificación en Estados Unidos, para preservar la continuidad del trabajo.  Lo que considero la parte más importante seguirá después, la tesis de este trabajo, comprobar que la justicia sistemática, un derecho, es el producto de un sistema de gobierno limitado no sólo por su constitución, sino por la participación de ciudadanos cuyo deber, por medio del jurado, es mantener al gobierno dentro de los límites que sustancialmente todo el pueblo considera legítimos, que haga únicamente lo que Rousseau llamaba la voluntad general.  Uno de los corolarios de esta afirmación será que las probabilidades de hacer justicia son mayores, o puesto de una manera más refutable, las probabilidades de que se cometan injusticias son menores, cuando un jurado con el poder de nulificación juzga a un acusado de violar la legislación que cuando lo hace un juez.  Creo que en forma empírica, la historia del jurado lo demuestra bastante bien, pero debido a la afirmación hecha por muchos jueces en el Reino Unido y Estados Unidos desde finales del siglo XIX: que el uso del poder nulificatorio del jurado socava el dominio o imperio de la ley, es necesario pasar a la ciencia e intentar refutar esa afirmación en base a los hechos. 

La Historia del Jurado en Estados Unidos

Estados Unidos, sin duda alguna, heredó su sistema judicial de Inglaterra, con pocas innovaciones, incluyendo el juicio por jurado.  Los próceres de los Estados Unidos consideraron al jurado una institución tan necesaria que una de las razones dadas en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue que el gobierno de Gran Bretaña estaba restringiendo su uso tradicional en las colonias.

Entre otras cosas, la “unánime Declaración de los trece Estados unidos de América” declara lo siguiente:

Cuando, en el transcurso de los acontecimientos humanos, se vuelve necesario para un pueblo romper los lazos que los han unido a otro, y asumir entre los poderes de la tierra, el puesto aparte e igual que las leyes de la naturaleza y que las del Dios de la naturaleza les confiere, una consideración decorosa por las opiniones de la humanidad requiere que se deben declarar las causas que los impulsa a la separación...

La historia del presente rey de Gran Bretaña es una historia de agravios y usurpaciones, todos teniendo como objetivo directo la implantación de una tiranía absoluta sobre estos estados.  Para demostrar esto, que se sometan a consideración los hechos a un mundo franco...

... Ha obstruído la administración de justicia, negando su consentimiento a leyes para establecer poderes judiciales. 

Ha obligado a los jueces a depender únicamente de la voluntad del rey, por la duración de sus cargos, y la cantidad y pago de sus sueldos...

Por acuartelar cuerpos grandes de tropas armadas entre nosotros:

Por protegerlos, con juicios ficticios, de castigo por asesinatos que cometieran sobre los habitantes de estos estados... 

Por privarnos en muchos casos, de los beneficios del juicio por jurado...

 

Los colonos angloamericanos “tenían una historia larga del uso de jurados independientes como un método de pacíficamente oponerse al dominio arbitrario británico.  Respondiendo a esta historia, la corona trasladó categorías enteras de casos de las cortes de ley común a las cortes marítimas, donde un acusado no tenía el derecho al juicio por jurado.”[99]  
Finalizada la guerra de la independencia, conocida como la Revolución, los nuevos ‘Americanos,’ se dedicaron a construir un nuevo gobierno.  El concepto que tiene la mayoría de gente, incluso los mismos estadounidenses, de la situación post-guerra, suele ser bastante ingenua.  Imágenes surgen en la mente de nobles hombres libres cuyo único interés era cimentar las bases de una sociedad equitativa, libre y trabajadora.  Un poco de lectura de las cartas publicadas en oposición a la primera versión federalista de la nueva Constitución propuesta en 1787 destruye esa perfecta imagen; luego nos damos cuenta que entre los verdaderamente nobles próceres norteamericanos habían Serranos, Cerezos, y otros personajes poco democráticos u honestos.[xxix]  La siguiente cita, escrita por la minoría en la asamblea constituyente de Pennsylvania es ilustrativa:
La asamblea Continental se reunió en la ciudad de Filadelfia a la hora convenida.  Estaba compuesta de algunos hombres de carácter excelente; de otros más notables por su ambición y astucia, que por su patriotismo; y de algunos que habían sido opositores de la independencia de los Estados Unidos.
La asamblea estuvo reunida poco más de cuatro meses.  Las puertas se mantuvieron cerradas, y los miembros puestos bajo los más solemnes compromisos de secretividad.  Algunos de aquellos que se oponían a que se fueran tanto más allá de sus poderes, se retiraron, desesperados, de la asamblea, otros tuvieron la entereza de negarse a firmar el plan; y otros que sí lo firmaron, lo hicieron, no porque fuera un sistema que aprobaran del todo, sino porque era lo mejor que se podía hacer, y no obstante el tiempo gastado en el tema, todos están de acuerdo que es un trabajo apresurado y comprometido.
Mientras las doradas cadenas se forjaban en el concilio secreto, por fuera los instrumentos más viles del despotismo, estaban afanosamente ocupados en despertar el pánico en el pueblo con peligros que no existían, y estimulando sus esperanzas de mayores ventajas del plan anticipado que ni el mejor gobierno en la tierra podría producir.
El plan propuesto no había salido de las entrañas de la secretividad sospechosa, cuando los que fueron preparados para el propósito, llevaron peticiones para que firmara la gente, significando su aprobación del sistema, e instando al legislativo a convocar a una asamblea.  Mientras se utilizaban todos los recursos para intimidar al pueblo para que no se opusiera, proliferaban las amenazas más violentas en los periódicos públicos contra aquellos que se atrevieran a pensar por sí mismos, y brea y plumas se ofrecían liberalmente a cualquiera que no se uniera en apoyar al gobierno propuesto, fuera lo que fuera.  Bajo tales circunstancias peticiones a favor de convocar a una asamblea fueron firmadas por grandes números por dentro y por fuera de la ciudad, antes de tener el tiempo de leer y examinar el sistema detenidamente, muchos de quienes, ahora que están más familiarizados con ello, y han tenido el tiempo de investigar sus principios, están vehementemente opuestos.  Las peticiones luego fueron presentadas al legislativo...
La violencia y ultraje que tanto habían amenazado se llegó a ejercer; algunos de los miembros fueron agarrados el día siguiente por una turba reunida para ese propósito, y arrastrados a la sala, y ahí detenidos a la fuerza mientras el quorum del legislativo, así constituido, completaba su resolución...
La asamblea se reunió, y la misma inclinación pronto se reveló al considerar la constitución propuesta, que se había manifestado en todas las demás etapas del asunto.  Se nos prohibió expresamente por voto de la asamblea, hacer cualquier pregunta sobre los artículos particulares del plan, y reducidos a la necesidad de adoptarlo o rechazarlo in toto.  –Es cierto que la mayoría nos permitió debatir cada artículo, pero impidió que propusieramos enmiendas.  –También determinaron que no nos permitirían anotar en el acta nuestras razones por las cuales no estabamos de acuerdo con cualquiera de los artículos, ni siquiera sobre la cuestión final nuestras razones por las cuales no estabamos de acuerdo con la totalidad.[xxx]
De tal manera situados comenzamos el examen del sistema de gobierno propuesto, y lo encontramos tal que no podíamos adoptarlo, sin, como nosotros lo concebimos, abdicar vuestros derechos más preciados.[100]  
 
Antes de retirarse de la asamblea, esta minoría disidente en Pennsylvania  ofreció una lista de propuestas que concuerdan casi exactamente con lo que más tarde se llamarían las enmiendas a la Constitución, The Bill of Rights, la Declaración de Derechos de la Constitución de Estados Unidos, incluyendo las enmiendas V, VI, y VII, referentes al uso del jurado.  Digo más tarde porque las enmiendas no se hicieron sino hasta después de largo debate.  
Una de las mejores muestras de ese debate se encuentra en dos series de artículos, todos anónimos, bajo el nombre de los escritos Federalistas, y Anti-Federalistas.  Fueron los anti-federalistas, bajo pseudónimos como Cato, Brutus, Agrippa, el Campesino, y el Centinela, que argumentaban a favor de una declaración expresa de los derechos reservados al pueblo ante el gobierno.  Y algunos de los peligros contra los cuales ellos advirtieron y que no fueron tomados en cuenta en la versión final de la Constitución Estadounidense parece que ahora se han realizado o se están realizando.[101]
Una de las enmiendas propuestas más debatidas fue la inclusión del derecho al juicio por jurado en casos penales y civiles.  La importancia que los nuevos próceres norteamericanos le dieron al jurado puede vislumbrarse en lo escrito por James Madison,  Alexander Hamilton y John Jay, partidarios de la ratificación inmediata de la constitución, en los Federalistas: 

Los amigos y adversarios del plan de la asamblea, si no están de acuerdo en nada más, concuerdan por lo menos en el valor que le ponen al juicio por jurado, o si hay alguna diferencia entre ellos reside en esto: los primeros lo consideran un resguardo valioso para la libertad; los segundos lo representan como el verdadero paladión del gobierno libre.  Por mi parte, mientras más observo la operación de la institución, más razón encuentro en tenerle elevado aprecio; y sería totalmente superfluo examinar en que medida merece ser considerada útil o esencial en una república, o cuanto más mérito ha de otorgarsele, como una defensa contra la opresión de un monarca hereditario, que como una barrera a la tiranía de magistrados públicos en un gobierno popular.[102]

 

Implícito en esta visión estaba la idea que el jurado tenía el derecho de juzgar una ley al aplicarla, y negarse a hacerlo si, de acuerdo con su conciencia, la ley era injusta, en general o en el caso particular.  Madison en otro lugar lo hace explícito,[xxxi] como también John Jay en su papel de Chief Justice en la Corte Suprema. 

En 1794, en el caso Georgia v. Brailsford, Jay le dio al jurado la siguiente instrucción:
Puede que no sea incorrecto, aquí, caballeros, recordarles la buena vieja regla, que en cuestiones de hecho, es el territorio del jurado, en cuestiones de ley, es el territorio de la corte decidir.  Pero ha de observarse que por la misma ley, que reconoce esta razonable distribución de jurisdicción, tienen sin embargo el derecho de asumir el juicio de ambos, y determinar la ley tanto como el hecho disputado.  En ésta, y en toda otra ocasión, no obstante, no tenemos la menor duda, que rendirán ese respeto, que es debido a la opinión de la corte:  Pues, como por un lado, se supone, que los jurados son los mejores jueces de los hechos; es, por otro lado, de suponer, que la corte son los mejores jueces de la ley.  Pero a pesar de eso ambas cosas están legalmente dentro de vuestro poder de decisión.[103]  
 

John Adams, otro de los más conocidos próceres norteamericanos, más tarde presidente de la nueva Union, defendió este derecho del jurado así:  “‘la gente común... debiera tener control tan completo, una negativa tan decisiva, en todo juicio por una corte de justicia’ como lo tienen, por medio del legislativo, en otras decisiones del gobierno.”[104]  Afirmando también “que no sólo es su derecho, sino su deber... hallar el veredicto de acuerdo a su mejor discernimiento, juicio, y conciencia, aunque en directa oposición a la corte.”[105]

Hablando con Thomas Paine en 1789, el entonces presidente Thomas Jefferson dijo:  “Considero que el juicio por jurado es la única ancla hasta ahora ingeniada por el hombre, por la cual un gobierno puede ser sujetado a los principios de su constitución.”  Como también escribió:  “Si fuera llamado a decidir, si el pueblo estaría mejor excluído del departamento legislativo o judicial, yo diría que sería mejor dejarlos fuera del legislativo.  La ejecución de las leyes es más importante que su elaboración.”

Theophilus Parsons, un miembro de la Asamblea Constituyente de Massachusetts, quien más tarde fue Magistrado Supremo de la Corte Suprema de Massachusetts, endosaba claramente al jurado como medio de limitar la habilidad del gobierno, y los legisladores en particular, de exceder sus justos derechos:
... Caballero, el pueblo mismo lo tiene en su poder efectivamente resistir la usurpación, sin tener que apelar a las armas.  Un acto de usurpación no es obligación; no es ley; y cualquier hombre está justificado en su resistencia.  Que se le considere un delincuente por el gobierno general, sin embargo sólo sus con-ciudadanos lo pueden condenar; ellos son su jurado, y si ellos lo declaran inocente, todos los poderes del Congreso no pueden hacerle daño; e inocente con certeza lo declararán, si la supuesta ley que resistió fue un acto de usurpación.[106]  
 

En 1805, negar el derecho de un jurado a juzgar la ley tanto como los hechos por parte de un juez, todavía era causa para destitución, aun de un magistrado de la Corte Suprema.[107]  Aparte del apoyo que las Cortes Supremas de varios estados le dieron a este derecho, de juzgar la ley y los hechos[xxxii], los Estados de Maryland e Indiana lo incluyeron específicamente en sus constituciones respectivas, donde todavía se encuentran en vigor. 

Una generación, nada más, sobrevivió esta perspectiva de parte de la mayoría de los jueces.  A mediados del siglo XIX, una población más conforme y confiada se olvidó de la tiranía ejercida por medio del organismo judicial en tiempos anteriores, y el paladión de la libertad se quedó sin paladines influyentes.  En la constitución la forma del jurado estaba garantizada, pero no su espíritu.  Adams, Jefferson y Jay habían muerto, y la mayoría de jueces empezaron a hallar en contra del derecho nulificatorio del jurado, especialmente cuando empezaron a absolver a personas acusadas de ayudar a escapar a esclavos en tiempos anteriores a la guerra civil de Estados Unidos. 

El Jurado y el Movimiento Abolicionista

Jurados en Massachusetts, que más tarde se consideraría el centro del movimiento Abolicionista, había empezado a terminar con la esclavitud tan pronto como 1765, cuando la esclava Jenny Slew presentó una demanda por su libertad.  Después de perder el caso ante un tribunal de jueces en la Corte Inferior de Peticiones Comunes en Newburyport, Slew presentó su caso para que pudiera escucharse ante un jurado.  El jurado le adjudicó no sólo su libertad, sino cuatro libras por daños y perjuicios y para sus costos legales también.  Después de la liberación de Slew, por lo menos siete otros esclavos en Massachusetts presentaron una demanda para el reconocimiento de su derecho de libertad en los años 1765 al 1773.  Sólo uno, el desafortunado Amos Newport, fue devuelto a la esclavitud.  A varios se les adjudicó sumas para indemnizarlos por su tiempo en la esclavitud.[108]

Más tarde, cuando leyes hacían más difícil que un esclavo pudiera conseguir su libertad por medio del litigio, muchos grupos religiosos ayudaban a conducir a esclavos a la libertad por medio del ferrocarril clandestino.[xxxiii]  La mayoría de abolicionistas que colaboraban en esta empresa que fueron acusados y llevados a juicio eran absueltos por los jurados.  En 1845, el abolicionista y filántropo Gerrit Smith financió la redacción y publicación de La Inconstitucionalidad de la Esclavitud, de Lysander Spooner, en donde el autor argumenta que la esclavitud es repugnante a la Constitución y qué nunca había tenido una existencia legal en Estados Unidos.  El trabajo de Spooner llevaría a una de las más completas sublevaciones juratoriales en la historia, una época en donde los juradores estaban, en las palabras de Harry Kalven y Hans Zeisel, autores del libro The American Jury, “totalmente en guerra” con la ley.[109]  La fuga de esclavos impulsó legislación en el Congreso:

La ratificación del Acto de Esclavos Fugitivos de 1850...fue probablemente uno de los decretos más infames alguna vez aprobados por un legislativo Estadounidense.  Según sus cláusulas, una persona acusada de ser un esclavo fugitivo podría, sin el debido proceso, ser llevado ante un comisionado cuasi-judicial en una audiencia sumaria sin jurado.  Si el comisionado se convencía de la verdad del demandante el esclavo sería devuelto al cautiverio.  El esclavo acusado no tenía derecho a dar su testimonio.  Si el comisionado devolvía al esclavo al cautiverio, se le pagaba un honorario de diez dolares.  El honorario por rechazar la demanda era de sólo cinco dolares. 

El Acto de Esclavos Fugitivos de 1850 decretaba que cualquier persona que interfiriera con la recuperación de esclavos fugitivos, o rescataba o abrigaba fugitivos, podría ser multado hasta mil dolares y encarcelado por hasta seis meses.  Es más, eran sujetos a demandas por el dueño del esclavo, por el monto de mil dolares por esclavo, por cada esclavo que con su asistencia escapara exitosamente.  Cualquier persona con piel negra podría ser detenida como esclavo fugado por testimonio ex parte [xxxiv] únicamente.   Por último, el Acto le negaba a los arrestados bajo su amparo derecho al Habeas Corpus,el mismo instrumento legal cuyo poder había terminado con éxito el privilegio de traer esclavos a Inglaterra menos de un siglo antes.[110]
 

Spooner respondió a este ataque arbitrario en contra del derecho a la libertad con la Defensa de Esclavos Fugitivos, publicada en 1850, y después con su obra maestra, Un Ensayo sobre el Juicio por Jurado, de 1852, instando a los juradores a votar su conciencia, en contra de la ley.  En este ensayo radical, Spooner lanza un ataque lógico devastador en contra del poder del gobierno de limitar los derechos del jurado.  Entre otras cosas defiende al jurado de la siguiente forma:

“...Los poderes del jurado no son otorgados bajo la suposición que ellos conocen la ley mejor que los magistrados; sino sobre el fundamento de que los jueces magistrados no son confiables, que están expuestos a sobornos, que ellos mismos sienten el deseo de poder y autoridad, y que también son criaturas dependientes y serviles del legislativo; y dejar que ellos decidan la ley, no solo expondría los derechos de las partes a ser vendidas por dinero, sino que equivaldría a renunciar toda la propiedad, libertad, y derechos del pueblo, sin reservas a las manos del poder arbitrario, (el legislativo,) a dispensarse como a ellos se les antoje.  Los poderes de jurados, entonces, no sólo le ponen un freno a los poderes de legisladores y magistrados, sino implican también una denuncia sobre su integridad y confiabilidad; y éstas son las razones por qué legisladores y jueces han abrigado el odio más intenso en contra de jurados, y tan rápido como puedan sin alarmar al pueblo respecto a sus libertades, han, indirectamente, negado, minado, y prácticamente destruido su poder.  Y es únicamente desde que el poder verdadero del jurado ha sido destruido, y se han convertido en simples herramientas en manos de legisladores y jueces, que se han convertido en sus favoritos.”[111]
 

Para Clay S. Conrad, abogado y autor del libro más reciente y exhaustivo sobre el derecho nulificador del jurado, Jury Nullification: The Evolution of A Doctrine, no es ilógico asociar esto con el Acto de 1850, aprobado por un Congreso democráticamente electo y firmado por un Presidente democrático.  Es la habilidad del jurado de vedar  legislación no apoyada por “la totalidad o sustancialmente la totalidad” que convierte al jurado en el ‘paladión de la libertad.’[112]  Este paladión fue puesto al servicio de incontables esclavos negros, hasta que los jueces encontraron formas de evitar su uso.

En Boston, un esclavo llamado Fredrick Jenkins, se había fugado en mayo de 1850.  Fue localizado por su ‘dueño’ en Febrero de 1851 y arrestado.  Después de una audiencia ante un juez, una turba se precipitó en la sala y le dio el paso libre a Jenkins, quien eventualmente llegó y se estableció en Canadá.  Entre los arrestados estuvo el abogado afroamericano de Jenkins, Robert Morris, acusado de ayudar a escapar un esclavo fugitivo.  
El gobierno no pudo conseguir una sola condena, a pesar de que el Presidente de los Estados Unidos exigió las acusaciones.  Al encomendarles el caso al Gran jurado, el juez se refirió a los acusados como gente “más allá del alcance de la razón humana e individuos aptos para la consagración o para el manicomio.”[xxxv]  Morris, también descendiente de esclavos, fue absuelto por un jurado de doce hombres blancos.[113]

Un juez, Kane, de Pennsylvania, eventualmente se desesperó de tratar de obligar a los jurados a respetar el Acto de Esclavos Fugitivos de 1850 y encontró otras formas de evitar que abolicionistas ayudaran a esclavos fugitivos a escapar.  Ya que las condenas eran tan difíciles de obtener bajo el Acto, Kane les ofreció inmunidad a sospechosos de ayudar a esclavos fugitivos, obligandolos a que contestaran interrogatorios de la corte para que confesaran el paradero de los esclavos.   Si se negaban a contestar estas preguntas se consideraba desacato y podría llevar a encarcelamiento por tiempo indeterminado sin la necesidad de darle al acusado de desacato un juicio... 

 

Pero la mayoría de esclavos ya se habían escapado a Canadá y el único recurso que quedaba era permitir una demanda por el dueño en contra del abolicionista por el valor del esclavo fugado. [114]

A pesar de la elocuencia de Spooner, jueces siguieron extendiendo su poder sobre el jurado.  Primero, bajo pretexto, quizás justificado, de no prolongar los juicios más de lo necesario, los jueces se arrogaron el poder de decidir qué evidencia se permitiría a la consideración del jurado, violando la distribución de hecho y derecho en que ellos mismos insistían.  Menos y menos jueces defendían el derecho del jurado a decidir la ley en un caso. 

La Nulificación Juratorial y la Corte Suprema de los Estados Unidos

Cito ahora el caso llevado a la Corte Suprema que le dio a los jueces el pretexto de negarle el derecho al jurado de juzgar la ley.  Como era de esperarse, fue la decisión de jueces, en violación directa de la antigua máxima: nemo debet esse judex in propria causa, o sea que nadie debe ser juez en causa propia.  Juzgar a quien le pertenece el derecho exclusivo de decidir la ley, fue decidido por los mismos jueces, a favor propio.  Y, por supuesto, los legisladores no se han opuesto.  Aunque, para ser justos, esta decisión de no permitir que el jurado conozca su poder, no fue la decisión unánime de los seis magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos.  En el caso presentado ante ellos en 1895, dos almas nobles, los jueces disidentes, presentaron uno de los mejores argumentos hasta entonces escritos defendiendo este antiguo derecho. 

La decisión de la mayoría en Sparf et. al. V. The United States se ha considerado la última palabra en círculos legales estadounidenses respecto al derecho del jurado a decidir la ley en un caso, a pesar de que fue declarado en la misma decisión que “la cuestión general sobre el deber del jurado a recibir el derecho de la corte no está concluida por alguna decisión directa de esta corte.”[115]   Manifestaron que era falso que el derecho de hacer a un lado la opinión de la corte en asuntos de derecho por parte del jurado era la mejor manera de proteger la seguridad y libertad del ciudadano, y concluyeron que era todo lo contrario, que son los jueces con el poder de decidir la ley los que constituyen esa defensa:

“Mientras los jueces de los Estados Unidos  estén obligados a expresar sus opiniones públicamente, a dar sus razones cuando llamados a hacerlo del modo acostumbrado, y ser responsables por ellas, no sólo a la opinión pública, sino ante una corte de acusación, puedo percibir poco peligro de que las leyes sean arrebatadas para propósitos de injusticia.  Pero, por otro lado, considero que este poder y deber correspondiente de la corte de autoritariamente declarar el derecho es una de las más grandes salvaguardias del ciudadano.  El fín exclusivo de las cortes de justicia es enforzar las leyes uniforme e imparcialmente, sin consideración de personas o tiempos o las opiniones de los hombres.  Enforzar leyes populares es fácil.  Pero cuando una causa impopular es una justa causa, cuando una ley, impopular en alguna localidad, tiene que enforzarse,- ahí entonces viene la presión sobre la administración de justicia; y pocos hombres imparciales vacilarían en cuanto a donde esa presión se aguantaría mejor.”[116]

 

Esta opinión se basa exclusivamente en las declaraciones de otros jueces y algunos juristas de igual perspectiva.  El juez Harlan, escribiendo la opinión de la mayoría sobre el derecho nulificatorio, empieza por tratar de desmentir lo dicho por el magistrado de la Corte Suprema John Jay en el caso de Georgia v. Brailsford, al igual que con otras autoridades que se habían pronunciado a favor del derecho.  También niega que el Acto de Fox, Fox’s Libel Act, le haya dado al jurado en casos de difamación el derecho de juzgar la ley sin tener que aceptar la dirección del juez.  A su favor cita las opiniones dadas, algunas veces igualmente divididas en un caso, por jueces de cortes inferiores que resolvieron en contra del derecho nulificatorio. 

Aparte de negar enfáticamente el derecho nulificatorio del jurado, las razones citadas más representativas para negarselo son las siguientes:        

1.                  “No es la intención del Congreso otorgarle al jurado en casos penales el poder de arbitrariamente hacer a un lado la evidencia y los principios de ley aplicables al caso en juicio.” [117]

2.                  “Las consecuencias evidentes de este derecho en jurados será que una ley del congreso estará en operación en un estado, y no en otro... el derecho ahora pretendido tiene una tendencia directa a disolver la unión de los Estados Unidos...”[118]

3.                  “Si jurados una vez ejercitasen este poder, estaríamos sin una constitución o leyes; un jurado tiene tanto poder como lo tiene otro; no se puede sujetar a los que tomen su lugar; lo que declaran constitucional hoy otro jurado podría declarar inconstitucional mañana.”[119]

4.                  “es el deber del jurado seguir la ley como presentada por la corte.  Este es el derecho de todo ciudadano, y su única protección... Cada persona acusada como un criminal tiene un derecho a ser enjuiciado de acuerdo a la ley del pais, -la ley fija del país, y no la ley como un jurado pueda entenderla, o escoja,  por libertinaje o ignorancia de error accidental, interpretarla.  Si yo pensara que el jurado eran los jueces idóneos de la ley en casos criminales, pensaría mi deber abstenerme de la responsabilidad de presentarles la ley en cualquiera de esos juicios.  Pero creyendo, como lo hago, que todo ciudadano tiene un derecho a ser enjuiciado por la ley, y de acuerdo a la ley; que es su privilegio y mejor escudo contra la opresión y la maldad, - yo siento que es mi deber presentar mis perspectivas completa y abiertamente en la presente ocasión.”[120]

5.                  “tal estatuto [de instruir al jurado que tienen el derecho de juzgar la ley]estaría más allá del alcance legítimo del poder legislativo, repugnante a la constitución, y, por supuesto, inoperante y nulo.”[121]

6.                  “El juez inferior[xxxvi] sería un zero, y el juicio ante él una farza, si él no tuviera el derecho a decidir todas las cuestiones de ley que podrían surgir en el desarrollo del caso.”[122]

7.                  “Si la corte no tuviera el derecho de decidir sobre la ley, error, confusión, incertidumbre, y libertinaje caracterizarían los juicios criminales, y la seguridad del acusado podría estar en riesgo tanto como la estabilidad de la justicia pública seguramente lo estaría.”[123]

8.                  “La línea entre los deberes de una corte y jurado en juicio de causas en ley, ambos civiles y penales, está perfectamente definida, su rígido cumplimiento es de final importancia para la administración de justicia sistemática.”[124]

9.                  “Si un error lesivo al prisionero ocurre, será rectificado por la revisión de la corte in banc.  Pero un error que resulte de una condena o absolución, contra la ley, jamás puede ser rectificada...un serio agravio se comete por la absolución arbitraria e irremediable de un hombre culpable.”[125]

10.             “es contrario a las máximas fundamentales del common law; contrario a  la práctica y desiciones de las cortes de la Gran Bretaña... contrario al gran peso de la autoridad en este país, contrario al espíritu y significado de la constitución de los Estados Unidos; repugnante a la constitución de este estado; repugnante a nuestro estatuto relativo a la reserva de cuestiones de ley en casos criminales...”[126]

11.             “el imperio de la ley parecería ser que es el deber del jurado recibir y seguir la ley entregada a ellos por la corte; y tal es el peso claro de la autoridad.”[127]

12.             “Debemos mantener, para permitir que evitemos la inconsistencia, que, sujeto a la calificación que toda absolución es final, la ley en casos penales será determinada por la corte...Así respetamos dos máximas fundamentales.  La primera es que mientras que a los hechos responde el jurado, a la ley responde la corte.  La segunda, que es más importante todavía, es ‘Nullum crimen, nulla poena, sine lege.’  Al menos que haya una violación a una ley preanunciada, y esto por un tribunal constante y responsable, no hay crímen, y no puede haber castigo.”[128]

13.             “Si fueran permitidos a decidir la ley, los principios de la justicia serían subvertidos; la ley llegaría a ser tan variable como los prejuicios, las inclinaciones, y las pasiones del hombre...implicaría un absurdo en todo proceso judicial, y sería contradictorio a todos los principios fundamentales de nuestra jurisprudencia.”[129]

14.             “el temperamento arbitrario de los jueces coloniales, con sus puestos dependientes directamente de la corona, había convertido al jurado, en ley tanto como en hecho, de mucha importancia popular.”[130]

15.             “Somos de la opinión que la ley en Inglaterra a la fecha de nuestra separación de ese país era como declarado por las autoridades que hemos citado.”[131]

16.             “sería hacer que doce hombres analfabetos juzgaran un asunto de ley, de lo cual no tienen conocimiento.”[132]

17.             “presentando la opinión unánime de los doce jueces de la corte del rey en un caso de asesinato, dijo que el jurado eran jueces sólo del hecho, y la corte de la ley.”[133]

18.             “que el juez determine la ley, y el jurado el hecho; y si alguna vez se confunden, resultará en la confusión y destrucción de la ley de Inglaterra.”[134]

19.             “Si al jurado se le hiciera jueces de la ley tanto como de hecho, las partes estarían sujetas a sufrir decisiones arbitrarias.”[135]

20.             “es difícil percibir alguna base legal sobre la cual un veredicto condenatorio podría ser rechazado por la corte por estar en contra de la ley.  Si es la función del jurado decidir la ley como los hechos, -si la función de la corte es únicamente asesorar,- ¿por qué ha la corte de interferir para la protección del acusado contra lo que cree un error de parte del jurado en materia de ley?”[136]

21.             “el resultado será que cuando se ordene un juicio nuevo en un caso penal, incluso en esta corte, el jurado, en tal juicio, podría por derecho regresar un veredicto basado sobre la suposición que lo que esta corte a adjudicado ser ley no es ley.  No podemos sancionar cualquier regla que lleve a tal resultado...Bajo cualquier otro sistema, las cortes, aunque establecidas para declarar la ley, serían, de hecho, eliminadas dentro de nuestro sistema de gobierno como instrumentos diseñados para la protección igualmente de la sociedad como de individuos en sus derechos esenciales.  Cuando eso pase nuestro gobierno dejará de ser un gobierno de leyes y se convertirá en un gobierno de hombres.  La libertad regulada por la ley es el principio subyacente de nuestras instituciones.”[137]

22.             “el instruir o negarse a instruir, bajo las circunstancias mencionadas, descansa sobre principios legales o presunciones que están en el territorio de la corte declarar para la orientación del jurado.”[138]

23.             “En esta separación de funciones entre la corte y el jurado se encuentra el mayor valor, así como también la seguridad, del sistema de jurado.  Esas funciones no pueden ser confundidas o pasadas por alto sin poner en peligro la estabilidad de la justicia pública, así como también la seguridad de derechos privados y personales.”[139]

 

 Estas afirmaciones no resultan difíciles de refutar, muchas de ellas son falacias lógicas, apelando al miedo de la anarquía y el caos, no es difícil ver que los jueces se sienten amenazados en lo que creen ser sus derechos.  Harlan cita a los mismos jueces británicos que habían aportado a la situación que obligó a las colonias a separarse de Inglaterra al negarle a los jurados colonos su derecho; hasta cita lo que puede interpretarse como una amenaza velada de parte de los jueces en contra del legislativo, (ver # 5 arriba).

El caso Pierce v. State contiene lo que se considera dos de las discusiones mejor razonadas oponiendose al derecho del jurado a juzgar la ley...entre ellas está la afirmación que los “juicios hechos por el jurado sobre la ley violarían el derecho constitucional de los acusados a ser juzgados de acuerdo a leyes predeterminadas y conocibles...”  Pero, la idea de tener leyes predeterminadas y conocibles es que a un ciudadano no se le acuse sin ley previa: nullum crimen, nulla poena, sine lege.  Si un acusado llega a juicio es porque el legislativo, el ejecutivo y el juez ya lo consideran culpable al desobedecer una ley que el legislativo promulgó.  O la policía no lo hubiera arrestado, el fiscal no lo hubiera acusado, y el juez no hubiera permitido un juicio.  La idea no es que alguien será condenado con certeza por violar una ley previamente promulgada sin considerar las circunstancias y la justicia de la ley en sí y su applicación.

La función del jurado consiste precisamente en proteger al acusado de aquellas leyes predeterminadas y conocidas pero injustas que están violando sus derechos, sin cuales leyes predeterminadas, conocidas e injustas no estaría enfrentando un juicio, y basta recordar a William Penn y John Peter Zenger para comprender que los peligros no son fantasiosos.  El hecho que el juez conozca la redacción de la ley bajo la cual un acusado ha sido arrestado, el significado legal de cada término, su historia, sus precedentes, en que año fue promulgada, etc., etc., no lo hace más justo ni más interesado en el bien común, mientras que es bastante más probable que el jurado, por su naturaleza y circunstancias, sí lo será.  Probar esto último es un propósito de este trabajo. 

La opinión escrita por los jueces disidentes en Sparf et al. v. U.S., Mr. Justice Gray y Mr. Justice Shiras, es un trabajo profundo y bien documentado de la historia del derecho nulificatorio del jurado[xxxvii] y la base de muchos libros que apoyan este derecho.  Empiezan por la Carta Magna en Inglaterra, pasando por Bushell, Zenger y muchos más hasta llegar a la era post-Independencia de los Estados Unidos, declarando que “es nuestra honda y decidida convicción, confirmada por una re-examinación de las autoridades...que el jurado, sobre el asunto general de culpable o no culpable en un caso criminal, tienen el derecho, tanto como el poder, de decidir, de acuerdo con sus propios juicios y conciencias, todas las cuestiones, sean de ley o de hecho, implicados en ese asunto.”[140]  Concluyen que si ese no es su derecho, no hay necesidad de jurados.[141] Refutan la idea de que, aunque no sea una obligación legal que el jurado siga las instrucciones de la corte sobre la ley, es una obligación moral, resaltando que los deberes morales son de origen divino, y que el juramento que los juradores toman ante el Todopoderoso Juez es juzgar y dar socorro efectivo entre el gobierno y el acusado, no de acuerdo con las instrucciones de la corte, sino de acuerdo a sus juicios y conciencias.[142]  Insisten en que las reglas y principios de la ley criminal son, en su mayoría, elementales y simples, y ya que ningun ciudadano puede pretender ignorancia de la ley para evitar un juicio, igual conocimiento han de tener un grupo de juradores escogidos entre la masa del pueblo a la hora de juzgar.[143]  Al terminar una larga exposición de argumentos a favor del derecho nulificatorio del jurado, los jueces Gray y Shiras manifiestan que:

Puede que haya menos peligro de prejuicio y opresión de parte de jueces nombrados por un presidente electo por el pueblo que de parte de jueces nombrados por un monarca hereditario.  Pero, como lo demuestra la experiencia de la historia, no puede suponerse que jueces serán siempre justos e imparciales, y libres de la tendencia, a cual tendencia hasta los magistrados más rectos y eruditos se sabe que han cedido, -por motivos sumamente patrióticos, y con la intención más honesta de promover simetría y exactitud en la ley, -de ampliar su propia jurisdicción y poderes a expensas de aquellos confiados por la constitución a otras instituciones.  Y no hay, seguramente, razón por la cual la mayor seguridad de la libertad del ciudadano -el juicio de sus pares- ha de considerarse menos sagrada en una república que en una monarquía.[144]

 

El Jurado en Estados Unidos a finales del siglo XX

Cien años más tarde, la controversia sigue.  Los opositores del derecho del jurado a decidir la ley, o el derecho, han encontrado otros argumento para oponerse a tal poder.  En 1997, en U.S. v. Thomas, la opinión de los jueces, afirmando que tenían “el deber y la autoridad” de prevenir la nulificación, fue la siguiente:

“Rechazamos categóricamente la idea que, en una sociedad comprometida con el imperio de la ley, la nulificación juratorial es deseable o que las cortes puedan permitir que ocurra cuando está dentro de su autoridad prevenirlo.  Consecuentemente, concluímos que cualquier jurador que tiene la intención de nulificar la ley aplicable no está menos sujeto a destitución de lo que está un jurador que hace caso omiso de las instrucciones de la corte... debido a un evento o relación que lo prejuicia o de otra forma hace incapaz de dar un veredicto justo o imparcial...  La corte distrital debidamente determinó que el hacer caso omiso de la ley como presentada en la instrucción de la corte a propósito por un jurador puede ser “justa causa” de destitución del jurador bajo Regla 23(b)...   darle a juradores el derecho de hacer caso omiso de la ley finalmente elimina por completo el imperio de la ley.

 

El mismo año, en otro caso donde se acusa a un jurador de obstruir la justicia, los jueces en The State of Colorado v. Laura J. Kriho, opinan lo siguiente:

Al abiertamente declararle al jurado que pueden hacer caso omiso de la ley, decirles que pueden decidir de acuerdo a sus prejuicios o conciencia (pues no hay forma de asegurar que el juicio está basado en conciencia y no en prejuicio), estariamos negando el imperio de la ley a favor del imperio de la anarquía.  Esto no debe permitirse...  Defendant [xxxviii] se refiere a casos históricos en donde la nulificación juratorial ha tenido un impacto importante sobre libertades civiles.  Mientras esto es indiscutiblemente cierto, también es indiscutiblemente cierto que la nulificación juratorial puede llevar a la aplicación tiránica de la ley.  Si el jurado puede, por derecho, absolver contra la evidencia y la ley, no pueden condenar desafiando la evidencia y la ley?  Un sistema que permite que juradores, por derecho, escojan a su gusto entre las reglas de ley que aplicarán, tiene peligrosas consecuencias implícitas, particularmente para aquellos que puede que apoyen causas impopulares o quienes, por otras razones, no tienen el visto bueno de la mayoría de la comunidad.  Es una cosa aplaudir los esfuerzos de un jurado escogido justamente y honestamente seleccionado para decidir un caso conforme a sus conciencias.  Es otra cosa totalmente que un jurado deliberadamente engañe a un jurado con el propósito de obstruir la administración de la justicia. 

 

La decisión de darle o no el derecho al jurado de saber que tienen el poder de nulificar está en manos de los jueces.  No sería difícil determinar cual sería el fallo de los jueces.  Al estilo del imperio romano decadente, el asunto se ha determinado por conteo de autoridades vivas y muertas, como que si la mayoría, por ser mayoría, fuera necesariamente repositorio de la razón. 

En la controversia sobre el derecho nulificatorio están los que favorecen, no sólo la independencia juratorial, sino el uso conciente por los juradores de esos poderes.  Entre ellos se encuentra una asociación llamada FIJA[xxxix], por sus siglas en inglés, dedicada a dar a conocer los poderes y derechos del jurado, cuyos miembros se han estado esforzando durante más de veinte años para que este derecho se incluya en la Constitución.  A sus opositores no les queda otra alternativa que admitir que la independencia juratorial es una barrera contra el poder ilimitado del gobierno, pero insisten en que este poder, consistentemente aplicado por jurados concientes de ello, sin la sabia dirección de los jueces, llevaría a la anarquía y el caos, destruyendo el imperio de la ley.  Creo que lo referente a la anarquía y el caos queda ampliamente refutado por los hechos, ya que en Maryland e Indiana los jueces han estado obligados a informarle al jurado sobre este derecho desde la independencia, y no son más anárquicos ni más caóticos de lo que son otros estados.  Pero, hace falta una base más concreta a la controversia, específicamente a la afirmación que es más probable que el jurado,  con el poder nulificatorio, por su naturaleza y circunstancias, hará decisiones más congruentes con la justicia y el bien común. 

La verdad es que Spooner responde a la mayoría de los argumentos contra el jurado de una forma tan exhaustiva que no permite refutación, pero todo en el plano lógico, histórico y metafísico.[xl]  Me atrevo a escribir más sobre el tema únicamente para apoyar su tesis, porque él no tuvo acceso al conocimiento y a la información más empírica y refutable que ha surgido en las ciencias sociales desde entonces.

 

 

 

 

 

 

 

Notas Bibliográficas



[i]   Cuál es la cantidad ideal de intervención estatal en el ámbito privado todavía y qué es un castigo apropiado para desanimar a infractores de leyes democráticas está abierto a debate.  Es bastante probable que haya un límite en exceso de cual el gobierno atropella más derechos de los que protege, y debajo de cual no tiene suficiente poder para proteger suficientes derechos.  Ese límite se descubrirá únicamente por medio del ensayo y el error, eso es un hecho.  Mi opinión al respecto es que, ya que son seres humanos los que participan en ese experimento de encontrar el ideal, el ensayo debe hacerse con el permiso de los participantes, ergo, la democracia.  Uno de los fines principales de esta tesis es comprobar que sin el jurado no puede haber democracia.   Tampoco creo en castigos corporales o psicológicos como remedio a la injusticia.

[ii] La palabra original en latino para juryman o juror  era  juratore de la cual he escogido el nombre jurador para designar al miembro de un jurado.

[iii] Las traducciones hechas de libros cuyos títulos están en el inglés son de la autora.

[iv] Common law: derecho consuetudinario de los paises de habla inglesa, articulado por los miembros de la comunidad que forman parte del jurado.

[v] Corchetes míos al menos que indique lo contrario.

[vi] Justo: right

[vii]  Ver pág. 17, Nota al pie 32.

[viii] Chief justice: no es el jefe de la Corte Suprema, no había tal cosa.

[ix] Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut desseisetur de libero tenemento, vel libertatibus, vel liberis consuetudinibus suis, sut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum, vel per legem terrae.  Citado por Lysander Spooner, An Essay on the Trial by Jury, (1852) http://www.mind-trek.com/treatise/ls-tbj/ , Cap. II.

[x] Según algunas fuentes, en tiempos de Eduardo III, por la ley de la tierra ha sido sustituído por debido proceso de la ley, lo que en esos tiempos era un juicio por 12 pares.  Conrad, p.19.

[xi] Consejo del Rey

[xii] Court of Common Pleas

[xiii]  Traducción literal del original

 

[xiv] En el fuero interno.

[xv] A mediados del siglo XVII los Levellers eran considerados fanáticos por su oposición a un ejecutivo permanente y sus demandas de gobierno representativo electo por medio de sufragio masculino universal, más amplia representación parlamentaria, eliminación de privilegios a los nobles y monopolios comerciales, y tolerancia religiosa.  Exigían que los juicios se conducieran en inglés y que términos en francés y latino fueran traducidos por los jueces para que los acusados y jurados puedieran entender el procedimiento.  Argumentaban que el pueblo era la fuente original de todo poder político.  (Conrad, p.23)

[xvi] Más allá de la autoridad, más allá del poder; transcendiendo autoridad; esp. excediendo poder legal y autoridad.  Webster’s Collegiate Dictionary, Quinta edición (Springfield, Mass. USA: G. & C. Merriam Co., Publishers, 1947), p.1085.

[xvii] corchetes de Conrad

[xviii] Cypher, cipher:  [OF. cifre zero, fr. Ar. Sifr empty, cipher, zero.]  1.  Math. A character or symbol (written 0) denoting the absence of all magnitude or quantity; naught; zero.  2.  One that has no weight, worth, or influence; a nonentity.  Traducción del inglés:  [OF. cifre cero, fr. Ar. Sifr vacío, cipher, zero.] 1. Matemáticas.  Un signo o símbolo (escrito 0) que denota la ausencia de toda magnitud o cantidad; nada; cero.  2.  Alguien que no tiene peso, valor, o influencia, una no-entidad.  Webster’s Collegiate Dictionary, Fifth Edition. 

[xix] corchetes de Conrad

[xx] Una ‘información’ era una acusación que permitía que se evadiera el uso del gran jurado, que decidía si había lugar a un juicio o no.

[xxi] Traducción libre de stack, apilar, la costumbre de llenar el jurado con gente parcial a una de las partes. 

[xxii] Ley de Apelaciones Criminales

[xxiii] Commissioners of Inland Revenue

[xxiv]La palabra original en el texto es coercion, he usado el  verbo coaccionar, porque el vervo coerce en inglés ha asumido la connotación de la palabra coaccionar en español, por la falta del verbo respectivo en inglés.  DRAE 1925, coercer:  contener, refrenar, sujetar.  Coacción: fuerza o violencia que se hace a una persona para precisarla a que diga o ejecute alguna cosa.  Webster’s Collegiate Dictionary, 1936, coerce: 1. To restrain by force, esp. by law or authority; to repress; curb.  2.  To compel any action.  3.  To enforce; as to coerce obedience.  Coaction:  Force; compulsion, either in restraining or impelling; control.

[xxv] lawlessness

[xxvi] Cuando hay cuestiones de ley, responde el juez, cuestiones de hecho responden los juradores.

[xxvii] Independencia juratorial:  independencia del jurado o juradores.  Juratorial: relativo al jurado, o juradores.

[xxviii] Nullification: "jury nullification" refers to the power of a juror to decide a case in a way that is contrary to the evidence and the law. The People of the State of Colorado v. Laura Kriho Case No. 96 CR 91 Division 1 Feb. 10., 1997.  “Nulificación juratorial” se refiere al poder del jurado de decidir un caso de una forma contraria a la evidencia y la ley.

[xxix] La alusión es a los gobiernos democráticos pero corruptos de Guatemala entre 1985 al año 2001.

[xxx] Talvez recordará experiencias parecidas la minoría que se opuso al código de la niñez y de la juventud, y más tarde a las reformas a la Constitución en Guatemala.

[xxxi] Ver cita en Conrad, p. 49 de: 3 Johns. Cas. 336, (1804).

[xxxii] State v. Wilkinson, 2 Vt. 480, 488-489 (1829),  Kane v. Commonwealth, (1879), Maine, State v. Snow, citados en Conrad, p. 62.

[xxxiii] Underground railroad

[xxxiv] Ex parte donde únicamente se escucha una de las partes.

[xxxv] Encomendación hecha por el Juez Sprague al Gran Jurado, 30 F. Cas. 1015, 1017 (D. Mass. 1851).

[xxxvi] Circuit judge

[xxxvii] ver Sparf et al. v. U.S. 156 U.S. 51 (1895), [110] Decisión de la Corte Suprema de Justicia de EE UU AA.   http://caselaw.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&linkurl=<%LINKURL%>&graphurl=<%GRAPHURL%>&court=US&case=/data/us/156/51.html  O buscar en http://caselaw.findlaw.com

[xxxviii] defendant: acusado, en este caso la acusada.

[xxxix] Fully Informed Jury Amendment.  www.fija.org

[xl] ver An Essay on the Trial by Jury, (1852) http://www.mind-trek.com/treatise/ls-tbj/



[1] Rodney Stark, Sociology, 6a. ed. (Boston: Wadsworth Publishing Company, 1996), p. 226

[3] Plato, Protagoras, (Internet: ftp://sailor.gutenberg.org/pub/gutenberg/etext99/prtgs10.txt) línea 279-440.

[4] I. F.Stone, The Trial of Socrates, (Boston: Little, Brown and Company, 1988), p.  47.

[5] Ibid., p.  47.

[6] Plato, línea 279-440.

[7] Stone, p.  50.

[8] Aristotle, The Athenian Constitution, (Internet: The Avalon Project, http://www.yale.edu/lawweb/avalon/athemain.htm ), Part I, Section 5.

[9] Ibid., Part II, Section 1.

[10] Ibid., Part I, Section 7.

[11] Ibid., Part I,  Section 9.

[12] James M. Buchanan & Gordon Tullock, The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy,  (Estados Unidos de América:  University of Michigan Press, 1997), capítulos 6,7 y 8

[13] Aristóteles, Part 7, Section  63

[14] Ibid., Part 7, Section 64.

[15] Ibid., Part 7, Section  67.

[16] Livy, The History of Rome, (http://www.perseus.tufts.edu ), Section 3.31

[17] Henry Goudy, M.A. D.C.L. LL.D., Roman Law, The Encyclopaedia Britannica, vol. XV, 11a ed.  (New York: The Encyclopaedia Britannica Co., 1911), p. 547

[18] William Fielden Craies, M. A.  Jury, The Encyclopaedia Britannica, vol. XV, 11a ed.  (New York: The Encyclopaedia Britannica Co., 1911), p. 588.

[19] M. Ortolan, Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano, Trad. de Francisco Perez de Anaya y Melquíades Perez Rivas, Ed. Leocadio Lopez, (Madrid: 1887), p. 144.

[20] Goudy, p. 547

[21] Ibid., 547-552

[22] Ibid., 536

[23] Ibid., 556

[24] Ibid., p. 536

[25] Ortolan, 113

[26] Ibid., 154

[27] Cicero, Selected Works: Against Verres, (London: Penguin Books, 1971), p. 37.

[28] Ortolan, 154

[29] Ibid., 123

[30] Ibid., 157

[31] Goudy, 553

[32] Ibid., p. 556

[33] Ortolan 155

[34] Ibid., 156

[35] Ibid., 220

[36] Ibid., 220-226

[37] Ibid.,220-226

[38] Ibid., 220-226

[39] Goudy 536

[40] Ortolan 220-226

[41] Goudy, p. 556

[42] Ibid.,556

[43] Ibid., 556

[44] Ibid., 570-71

[45] George Macaulay Trevelyan (Master of Trinity College, Cambridge), Traduc. por Ramón Iglesia, La Historia Política de Inglaterra, (México: Fondo de Cultura Económica, 1943) p. 71-72

[46] David Hume, History of England, 1778, Vol. I, (Indianapolis: LibertyClassics, 1983), p. 77.

[47] Adam Smith, Lectures on Jurisprudence, ed. R.L. Meek, D.D. Raphael and P.G. Stein, (Oxford: Clarendon Press, 1978), p. 284

[48] Ibid., p. 125

[49] Trevelyan, p. 128

[50] Ibid., p. 127

[51] Ibid., p. 113

[52] Ibid., p. 128

[53] Ibid., p. 128

[54] Ibid., 128.

[55] Ibid., p. 134

[56] Ibid., p. 128

[57] Fielden Craies, Criminal Law, Encyclopedia Britannica, p. 460.

[58] David Hume, History of England, 1778, Vol. IV, (Indianapolis: LibertyClassics, 1983), p. 355.

[59] Ibid., p. 359-60.

[60] The People's Chronology, licensed from Henry Holt and Company, Inc. Copyright © 1995, 1996 by James Trager. All rights reserved.

[61] Hume, History of England, Vol. V, p. 124-5.

[62] Star Chamber, Encyclopedia Britannica, vol. XXV, 11a ed.  (New York: The Encyclopaedia Britannica Co., 1911), p. 795-6.

[63] Abolition of the Star Chamber in England, 1641,( http://www.exlaw.com/library/1641-asc.shtml )

[64] A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 1885, 8a Edición: 1915, (Indianapolis: LibertyClassics,1982), p. 167.

[65] Hume, History of England, Vol. VI, p. 463-4.

[66] Sparf  v. US, 156 U.S. 51 (1895), 124. Decisión de la Corte Suprema de Justicia de Los Estados Unidos.   http://caselaw.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&linkurl=<%LINKURL%>&graphurl=<%GRAPHURL%>&court=US&case=/data/us/156/51.html

[67] Clay S. Conrad, Jury Nullification: The Evolution of a Doctrine, Cato Institute Book, (Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 1998), p.22.

[68] El juicio de William Penn and William Mead por Causar un Tumulto..., How. St. Tr. 6: 951 (1670) citado por Conrad, p. 24.

[69] Ibid., p. 26.

[70] Ibid., p.28.

[71] Trevelyan, p. 273-74.

[72] Paul G. Willis, Juries and Judicial Review, 3 West. Pol. Q.66 (1950), citado por Conrad en Jury Nullification, p. 23

[73] El juicio de John Lilburne y John Wharton por Imprimir y Publicar Libros Sediciosos, How. St. Tr. 3:1315, (1637) citado por Conrad, p. 24.

[74] El juicio del Teniente-Coronel John Lilburne en el Guildhall de Londres, por Alta Traición, How. St. Tr. 4:1269, 1379 (1649) citado por Conrad, p. 24. 

[75] Trevelyan, p. 334-335.

[76] Pierre Goubert, (1966), Louis XIV and Twenty Million Frenchmen, Anne Carter (Trad. © 1970),  (New York: Vintage Books, 1972), p. 161-2.

[77] Trevelyan, p. 334-335.

[78] Ibid., p. 334-366.

[79] Sparf, 156 U.S. 51, 125-126.

[80] Godfrey D. Lehman, We the jury…, (New York: Prometheus Books, 1997), p. 84.

[81] Trevelyan, 335-366.

[82] John Locke, The Second Treatise on Civil Government, (London: Millar, Woodfall, et al., 1689), www.library.adelaide.edu.au/etext/ , cap. XIX, sec. 240.

[83] Smith, 286

[84] Ibid., 275

[85] Ibid., 104 –105.

[86] Conrad, 34 -35

[87] Valerie P. Hans and Neil Vidmar, Judging the Jury, (New York and London: Plenum Press, 1986), p. 35.

[88] Hume, History of England,  Vol. V, p. 194.

[89] How. St. Tr. 21:847 (1785) citado por Conrad, p.40.

[90] Ibid., 41.

[91] St. 32 Geo. III c. 60 (1792), citado por Conrad, p. 41.

[92] Sparf et al., supra note 131, 136, citando 29 PARL. HIST. 564, 565, 597.  Citado por Conrad, p. 42.

[93] Ibid., p. 43.

[94] Francis L. Holt, The Law of Libel, 44 (2d ed, 1812), (reimpresa 1978), citado por Conrad, p. 43

[95] St. 32 Geo. III c. 60 (1792), citado por Conrad, p. 42.

[96] Dicey, p. lv.

[97] Ibid., p. 259.

[98] Ibid., p. 265

[99] Albert W. Alschuler and Andrew G. Deiss, A Brief History of Criminal Jury in the United States, 61 University of Chicago Law Review, 867, 874-875, (1994), citado por Conrad, p. 45.

[100] The Address and Reasons of Dissent of the Minority of the Convention of Pennsylvania To Their Constituents, Pennsylvania Packet and Daily Advertiser, 18/12/1787. www.constitution.org/afp/penn_min.txt                                  

[102] James Madison,  Alexander Hamilton y John Jay, The Federalist Papers, No. 83, http://www.constitution.org

[103] Mark DeWolfe Howe, Readings in American Legal History, 376 (1949), citado por Conrad, p. 52.

[104] The Changing Role of the Jury in the Nineteenth Century, 74 Yale Law Journal, 170, 172 (1964), citado por Conrad, 45.

[105] C.F. Adams, The Works of John Adams, 253-255 (1856).  Citado por Conrad, p. 48.

[106] Debates On the Adoption of the Federal Constitution, J. Elliot, Ed., citado por Conrad, p. 48.

[107] Conrad, p. 59.

[108] Ibid., p. 75.

[109] Ibid., p. 77.

[110] Ibid., p. 79.

[111] Lysander Spooner, An Essay on the Trial by Jury, (1852), p. 123-124. www.fija.org , www.lysanderspooner.org  , www.mind-trek.com/treatise/ls-tbj , www.yahoo  >lysander spooner>

[112] Conrad, p. 86.

[113] Ibid., p. 81-82.

[114] Ibid., p. 83.

[115] Sparf  v. US, 156 U.S. 51 (1895), 64.

[116] Ibid., 107.

[117] Sparf  v. US, 156 U.S. 51, 63.

[118] Whart. St. Tr. 713, 714, 718.  Citado en Sparf, 71.

[119]U. S. v. Shive, Baldw. 510, 513, Fed. Cas. No. 16,278. Citado en Sparf., 73.

[120] U. S. v. Battiste, 2, Sumn. 240, 243, 244, Fed. Cas. No. 14,545. Citado en Sparf., 74.

[121] Fuente indeterminada.  Citado en Sparf., 82.

[122] Montee v. Com., 3 J. J. March. 132, 149, 151.  Citado en Sparf., 82.

[123] Ibid., citado en Sparf., 83.

[124] State v. Smith, 6 R. I. 33, 34.  Citado en Sparf., 84.

[125] Com. v. Sherry (reported in the appendix to Wharton's treatise on Homicide) Citado en Sparf., 84-85.

[126] State v. Burpee, 65 Vt. 1, 34, 25 Atl. 964.  Citado en Sparf., 86.

[127] Const. Lim. 323, 324.  Citado en Sparf., 86.

[128] Kane v. Com., 1 Cr. Law Mag. 51.  Citado en Sparf., 87-88.

[129] Worthington, Inquiry into Power of Juries, 1825.  Citado en Sparf., 89.

[130] Whart. Cr. Pl. (8th Ed.) 806; Williams v. State, 32 Miss. 389, 396.  Citado en Sparf., 89-90.

[131] Sparf  v. US, 156 U.S. 51,., 90.

[132] Willion v. Berkley, Id. 222, 230.  Citado en Sparf., 93.

[133] 2 Strange, 766, 773.  Citado en Sparf., 93-94.

[134] Cas. t. Hardw. 27.  Citado en Sparf., 94.

[135] Levi v. Milne, 4 Bing. 196, reported as Levy v. Milne, 12 Moore, 418.  Citado en Sparf, 96.

[136] Sparf  v. US, 156 U.S. 51,., 101.

[137] Sparf  v. US, 156 U.S. 51,., 102-103.

[138] Sparf  v. US, 156 U.S. 51,., 103.

[139] Sparf  v. US, 156 U.S. 51,., 106.

[140] Ibid., 114.

[141] Ibid., 123.

[142] Ibid., 173.

[143] Ibid., 173-74.

[144] Ibid., 176-177.

 

Dedicado a Barbara Barnhill de Ness, mi madre, quien me enseñó a leer, a amar la lectura y la verdad, y a mi padre, Leif Bjarneson Ness Kindermann, quien me enseñó a amar la ciencia.

 

 

Le agradezco al Dr. Juárez-Paz por su paciencia con mi spanglish e ideas radicales, a la Dra. Beltranena de Padilla, por haberme enseñado que el jurado no era exclusívamente inglés y al Dr. Armando de la Torre, de quien recibí los instrumentos metodológicos para hacer un análisis científico del jurado.

 

Continuará en el número de Verano de 2006